El PP rechaza la comisión de trabajo que propone Sánchez para reformar el CGPJ

El PP da portazo a la comisión de trabajo que le plantea Pedro Sánchez para reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El partido de Alberto Núñez Feijóo, molesto por enterarse de esta oferta por la prensa y con sensación de que el presidente del Ejecutivo español solo quiere ganar la batalla del relato “vendiendo” un intento de aproximación a los populares, se muestra tajante al replicar al líder socialista que “si no quiere cambiar la ley del Poder Judicial, se puede evitar la llamada”. La formación conservadora dice no estar dispuesta a sentarse en “una mesa como la del independentismo” y tumba de entrada el escenario abierto por Moncloa para remodelar el caducado órgano de gobierno de los jueces.

Sánchez, que prevé llamar a Feijóo antes de que concluya el presente año, defiende el actual sistema de elección de vocales que lleva años funcionando con gobiernos de diferente color e insiste en pedir a Génova que cumpla con su obligación constitucional y se avenga a esta renovación. En este sentido, el dirigente socialista ha señalado en una entrevista en Espejo Público (Antena 3) que en el Estado español hay casos de lawfare, expresión que hace referencia a la guerra judicial contra adversarios políticos y que el PSOE aceptó incluir en el acuerdo de investidura a exigencia de Junts. A su parecer, afecta a la politización de la justicia, y “un caso de libro” es el bloqueo del CGPJ debido a que el PP “no quiere reconocer el resultado electoral”. En este punto, Sánchez ha fijado dos polos: con la actual coalición progresista se han aprobado en solo dos semanas varias medidas como la Ley de Paridad, el aumento de la ayuda humanitaria a Gaza y la negociación de la subida del salario mínimo. Desde la otra bancada, “han convocado 70 manifestaciones” para protestar, y es que –dice– “están corriendo una maratón como si fuera una carrera de 100 metros”.

Desde el PP hacen oídos sordos a su requerimiento porque “no disponemos de ninguna información” respecto a la reunión que Sánchez pretende mantener, “ni oficial ni extraoficial. “No se nos ha requerido ni el orden del día en relación a los asuntos que se abordarían”, ha indicado la secretaria general, Cuca Gamarra, quien zanja: “Todo lo que tengamos que negociar será en las instituciones y el Parlamento”. Tirando de ironía, la dirigente del PP ha matizado que “no nos ha aclarado si esa hipotética reunión será en territorio nacional o en el extranjero ni si va a haber mediadores o si no, pero no queremos ninguna mesa de diálogo como la que el PSOE ha otorgado a los partidos independentistas”. “No vamos a contribuir en el blanqueamiento de esas humillaciones”, esas mesas “que le exigen quienes le chantajean” a cambio de “mantenerse en el poder”, constatan los populares.

El PP persiste en su oferta de entrar a debatir la reforma del CGPJ si se negocia una reforma del sistema de elección de los vocales a la par que su renovación: “No vamos a cambiar de opinión”. Gamarra cree que si Sánchez ha aceptado la amnistía que reclamaban quienes tienen siete escaños en el Congreso (por Junts), “aceptará lo que le pida quienes tienen 137” (en referencia al PP): “Deberá comprometerse de manera indiscutible con la independencia del Poder Judicial para poder renovarlo”. Además, respecto a la negociación sobre la financiación autonómica, ha subrayado que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera “el órgano oportuno para discutirlo”: “Nosotros no nos vamos a prestar a suplirlo. Porque en lo que es de todos no cabe la bilateralidad”. Desde Ferraz ven que todo esto solo responde a la “la teoría del no a todo, a la teoría de la confrontación por la confrontación”, ha destacado el portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas.

Amnistía

Dado que el PP introducirá la amnistía en cualquier tema de Estado, Sánchez ha insistido en que aplicar esta medida de gracia significa “perdonar” –término que desagrada a Junts–, y por el contrario descarta que suponga decir que el Estado se ha equivocado. El presidente del Gobierno sostuvo que esta nueva norma “hace una reivindicación de la Constitución Española” y de la democracia y plantea un horizonte de superación de una contienda política que ha monopolizado el debate público durante los últimos 15 años. Sánchez ha recordado que Aznar indultó a 1.400 personas en un día, se reunió con ETA en Ginebra y pactó con los nacionalistas “y no se rompió España ni se hundió la economía”. Es más, cree que “si el PP no hubiera dependido de los votos de Vox para gobernar”, logrando los apoyos nacionalistas, “habría aprobado esta ley”. Al mismo tiempo, afirmó que está a favor de la “unión de los pueblos de España” un término que le gusta más que “unidad de España”, y que sitúa frente a los que “solo buscan la destrucción”.