El PP pide al fiscal general actuar con “talla de Estado”

El portavoz del PP Borja Sémper emplazó ayer al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a actuar con “talla de Estado y no mandatado” por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras afear su actitud con los fiscales. Se refirió así a la orden que ha dado García Ortiz a los fiscales del procés para que apoyen ante el Tribunal Supremo la aplicación de la ley de amnistía en todos los casos, incluido el de Carles Puigdemont, pretensión a la que se han opuesto.

En declaraciones a los medios durante una visita a la Feria del Libro de Madrid, el dirigente popular consideró desproporcionada y descabellada esta actitud del fiscal general, y añadió que es “razonable” que los fiscales “se rebelen y se nieguen a incumplir la ley”. “Parece razonable que los fiscales del Supremo, que conocen perfectamente la causa, se rebelen ante la amnistía que pretende otorgar el Gobierno a casos de malversación, es decir, ante la corrupción”, remarcó.

Tras incidir en que con esa norma “no solo se están amnistiando delitos de orden político” sino también de “corrupción”, añadió que entiende que los fiscales que trabajaron contra la corrupción se opongan a ella.

Además, tras recordar que García Ortiz ha recibido varios “varapalos judiciales”, entre ellos por el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado, el portavoz del PP lamentó que esté “desacreditando” la Fiscalía General del Estado.

Órdago de Sánchez

Sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Borja Sémper insistió en que el PP no va aceptar “chantajes” del presidente del Gobierno y en que hay una negociación en marcha que se paralizó por las elecciones europeas. Explicó que quieren seguir en esa mesa de diálogo, amparada por la Comisión Europea, que “puede llegar a buen puerto”.

“Lo que no puede ser es que estemos avalando o que estemos aceptando con normalidad el intento por parte del Gobierno de controlar la acción de los tribunales”, recalcó después de que Pedro Sánchez concediera esta semana al PP un plazo de 15 días para desbloquear el CGPJ, o el Gobierno que lidera adoptará medidas.

Sémper calificó este órdago de “incompatible” con un proceso de negociación sobre el CGPJ. Se mostró eso sí de acuerdo en que hay que renovar el Poder Judicial, que ha superado los 5 años con el mandato caducado, puesta al día que “debe llevar aparejada necesariamente garantías de independencia de los jueces”.