El Partido Popular sigue intentando estirar la polémica por los incidentes tras la final del Mundial de fútbol, que enfrentó a las selecciones de España y Argentina. Así, el Partido Popular Vasco ha registrado este viernes una petición formal en el Parlamento Vasco para forzar la comparecencia del consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria. El objetivo es claro: que el consejero de Seguridad ofrezca explicaciones detalladas sobre los que los populares califican ahora de "graves incidentes" ocurridos en Bilbao. Sin embargo, el mismo lunes, la porrtavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Esther Martínez, restó peso a la amenaza física asegurando que "con el abanico fue suficiente, eran cuatro energúmenos". En esa misma línea de equilibrismo político, Javier De Andrés puso en valor la actuación reactiva de la Ertzaintza.
El epicentro de la polémica se sitúa en la pantalla gigante que el Partido Popular instaló en la capital vizcaína el pasado domingo para seguir el encuentro mundialista. Según las informaciones recabadas, el evento festivo se vio empañado cuando varias personas intentaron boicotear la emisión del partido, lo que obligó a la intervención de la Ertzaintza y se saldó con varias identificaciones. Para la formación conservadora, este episodio no puede quedar en una mera anécdota de orden público. En su comunicado, los populares justifican la solicitud de comparecencia Zupiria al considerar que el consejero "sigue sin dar ninguna información sobre los hechos que pusieron patas arriba Bilbao", un silencio que interpretan como el escudo ante unas "vulneraciones de derechos muy graves a ciudadanos con total impunidad".
La exigencia del PP va más allá en su reclamando transparencia sobre las investigaciones internas abiertas por el Departamento de Seguridad para dirimir los evidentes fallos preventivos y exigir que se depuren las responsabilidades pertinentes, aunque para la parlamentaria Ainhoa Domaica, portavoz popular en materia de Seguridad, el "problema es que el Lehendakari solo está preocupado en reunirse con Sánchez para conseguir más traspasos de competencias". A juicio de Domaica, a Imanol Pradales, "le preocupa más atesorar competencias que ejercerlas con rigor, como garantizar la seguridad de los vascos". Domaica ha subrayado que, teniendo el Gobierno Vasco la competencia exclusiva en seguridad ciudadana, los vídeos difundidos del domingo "desvelan incidentes de gran gravedad y ponen de manifiesto cómo el Gobierno de Pradales no es capaz de garantizarla".
Resulta llamativo, sin embargo, el matiz narrativo que el propio Partido Popular introdujo el pasado lunes al evaluar el alcance real de los disturbios a pie de calle. El pasado lunes, la cúpula popular reconoció que la situación no pasó a mayores gracias a la intervención civil. Fueron los propios voluntarios del público quienes lograron arreglar el equipo eléctrico saboteado por los asaltantes, a los que definieron como "los borrokas". La anécdota de la jornada la protagonizó Esther Martínez, quien restó peso a la amenaza física asegurando que "con el abanico fue suficiente, eran cuatro energúmenos". En esa misma línea de equilibrismo político, Javier De Andrés puso en valor la actuación reactiva de los agentes de la Ertzaintza, aunque censuró la falta de previsión: "Los ertzainas que acudieron actuaron adecuadamente, pero el dispositivo no contemplaba que ocurriera".
Consencuencia directa del "sanchismo"
Lo cierto es que Génova ha visto en estos altercados una oportunidad para tensar la cuerda de la política española y vincular los disturbios con las "socios" de Pedro Sánchez. El PP recurre a estos episodios para culpar al Gobierno socialista y proyectarlos mediáticamente como una consecuencia directa del "sanchismo".
Ester Muñoz, portavoz del PP en la Cámara Baja, tomó la palabra el martes para lamentar profundamente los ataques y trazar una línea roja: el partido no está dispuesto a tolerar "una violencia de esta naturaleza". Con un tono contundente, Muñoz reivindicó que "España tiene derecho a celebrar su triunfo en paz y con seguridad", añadiendo un mensaje directo a los saboteadores: "Al que no le guste que gane España, que rabie en su casa, pero no se puede violentar a alguien simplemente por no estar de acuerdo con él".
Para materializar esta queja, el Partido Popular también ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno español, exigiendo conocer cuál era la seguridad estatal prevista para estas concentraciones en espacios públicos. Paralelamente, impulsarán una proposición no de ley (PNL) para forzar al Congreso a que "condene sin ningún tipo de ambigüedad estos hechos" y exprese su solidaridad con unas víctimas que, recalcan, han sufrido violencia "única y exclusivamente por mostrar su felicidad" por la selección española.