El senador de EAJ-PNV, Igotz López, llevará este martes al Senado sus dudas sobre el impacto del “decreto anticrisis” en la red de transporte eléctrico durante la sesión de control al Gobierno español.
Cuestionará a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, sobre las razones detrás del aplazamiento de la aplicación del artículo 4 bis de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, que busca agilizar la conexión industrial y aumentar la eficiencia de la red.
Modificación del calendario por el decreto
El Real Decreto Ley 7/2026, aprobado el pasado 20 de marzo como parte del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, retrasa la obligación del operador del sistema de enviar informes sobre la optimización de la red eléctrica.
Originalmente, estos informes debían presentarse cada cuatro meses y señalaban los nudos de la red donde se podían cambiar finalidades o introducir nuevas posiciones, con el objetivo de mejorar la capacidad industrial. La nueva normativa pospone prácticamente hasta 2027 la identificación de capacidades cautivas, frenando la planificación de nuevas conexiones.
Consecuencias para la industria vasca
Desde el PNV advierten que este retraso afecta directamente al sector industrial vasco, que sigue sin acceso a mayores potencias eléctricas. Esto limita la expansión de proyectos industriales, retrasa la descarbonización y puede poner en riesgo la competitividad de las empresas locales. Según López, la demora podría provocar la pérdida de inversiones y ampliaciones industriales, afectando tanto a la actividad económica como a los objetivos de transición energética.