El PP ha defendido este viernes que los rechazos en frontera continúan siendo la normativa que debe aplicarse en Ceuta y Melilla para la expulsión de inmigrantes, pese a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que establece que esta figura no puede utilizarse con los migrantes que intentan acceder a ambas ciudades autónomas por mar. La portavoz adjunta del Partido Popular en el Congreso y portavoz del partido en la Comisión de Migraciones, Sofía Acedo, ha asegurado que los populares mantienen su convencimiento sobre la legalidad de esta regulación, incorporada a la Ley de Extranjería por el Gobierno de Mariano Rajoy.
El rechazo en frontera quedó regulado en 2015 mediante la incorporación de la disposición adicional décima a la Ley de Extranjería, que establece un régimen específico para Ceuta y Melilla. La reciente sentencia del Tribunal Supremo no cuestiona esa figura jurídica, sino que limita su aplicación a los intentos de entrada que impliquen superar los elementos físicos de contención de la frontera, excluyendo las llegadas por mar.
Críticas al PSOE
Acedo ha evitado pronunciarse sobre el supuesto concreto analizado por el Supremo, centrado en las entradas a nado, pero ha reivindicado que el Ejecutivo de Rajoy reguló los rechazos en frontera "como se tienen que hacer las cosas en un Estado de derecho". Asimismo, ha cargado contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien ha denominado "el señor de las joyas" y "faro moral del PSOE".
Según ha afirmado, durante su Gobierno se realizaron "devoluciones en caliente" sin garantías jurídicas, una práctica que ha diferenciado de los rechazos en frontera regulados posteriormente por el PP.
Política migratoria
La dirigente popular ha recordado además que su partido apuesta por que el Pacto Europeo de Migración y Asilo contemple el retorno de los migrantes que entren o permanezcan de forma irregular en la Unión Europea a sus países de origen o de tránsito.
En este sentido, ha defendido que España no puede "renunciar como Estado de derecho a la protección de nuestra frontera, a la garantía de nuestra seguridad y de la seguridad de los propios migrantes", al tiempo que ha insistido en que cualquier actuación debe realizarse "con todas las garantías jurídicas". También ha subrayado que la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería, que regula el rechazo en frontera, "hoy sigue en vigor".