La maquinaria del diálogo social ha demostrado ser capaz de grandes consensos en la última década, pero hay un engranaje que lleva dos años completamente atascado: el imparable aumento de las bajas laborales. La mesa tripartita, conformada por el Gobierno español, los sindicatos y la patronal, asiste a un cruce de diagnósticos y recetas divergentes que han convertido la gestión de la incapacidad temporal (IT) en un auténtico callejón sin salida.
Mucho antes de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, colocara bajo los focos el creciente coste que el absentismo supone para las arcas públicas y la competitividad empresarial, los agentes sociales ya miraban los indicadores con honda preocupación. La curva ascendente parece no encontrar techo y, sin embargo, el consenso brilla por su ausencia a la hora de aplicar un torniquete.
El último gran atisbo de acuerdo se remonta a mayo de 2023, con la firma del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). En aquel documento, patronal y sindicatos dejaron por escrito su alarma ante el despegue de las bajas por contingencias comunes e instaron a reducirlas. La solución pactada sonaba pragmática: descongestionar el sistema público de salud aprovechando los recursos de las mutuas.
El Gobierno Sánchez recogió el guante. En el marco de la reforma de pensiones, legisló para que estas entidades pudieran asumir las pruebas diagnósticas en patologías de origen traumatológico, causantes de la mitad de las ausencias médicas. Sin embargo, un año y medio después, el balance es desolador: solo cinco autonomías (Baleares, Cataluña, Asturias, Cantabria y Castilla-La Mancha) han firmado los convenios y la derivación de pruebas es puramente anecdótica.
De la polémica 'autobaja' al 'alta progresiva'
Mientras la vía de las mutuas se empantanaba, el Ejecutivo español ha protagonizado iniciativas que no han logrado cuajar. A principios de 2024, la ministra de Sanidad, Mónica García, planteó la controvertida 'autobaja'. El objetivo era aliviar la Atención Primaria permitiendo a los trabajadores justificar ausencias de tres días por enfermedad leve mediante una simple declaración responsable. La idea, carente de respaldo en el propio seno del Gobierno de coalición, chocó con la realidad de que esos tres primeros días no son remunerados por el sistema (salvo mejora por convenio).
Poco después, el testigo lo recogió Elma Saiz, titular de la Seguridad Social, llevando a la mesa la 'baja flexible' o 'alta progresiva'. Esta fórmula buscaba facilitar el retorno gradual al puesto tras bajas prolongadas, como los procesos oncológicos. Desde entonces, el silencio ha dominado la negociación.
La radiografía más precisa del problema la aportó en febrero la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), revelando un dato revelador: una cuarta parte de las personas de baja concentran más de la mitad de todos los procesos. El organismo recomendó una actuación temprana del INSS para evitar la cronificación, dado que actualmente no interviene hasta cumplido el primer año. Como respuesta, se anunció un observatorio estatal de la incapacidad temporal pendiente desde 2024, del que no se han conocido nuevos pasos.
La brecha insalvable entre patronal y sindicatos
En el epicentro del bloqueo se sitúa la confrontación de modelos. La patronal no solo exige más médicos y mejor remunerados, sino que reclama que la Seguridad Social asuma el pago de las prestaciones entre el día 4 y el 15 de la baja —actualmente a cargo de las empresas— y pide exoneraciones al cotizar por contratos de sustitución. Además, aboga por limitar los complementos salariales en convenio (que en ocasiones cubren el 100% del sueldo) vinculándolos a las tasas de absentismo, una postura respaldada por el PP bajo la bandera de perseguir el fraude.
En la trinchera opuesta, los sindicatos trazan una línea roja: no criminalizar al trabajador. Recuerdan que los complementos de IT existen desde hace décadas y, de hecho, se han restringido en algunos casos. Para UGT, el antídoto pasa por cambiar la organización del trabajo mediante reducción de jornada, flexibilidad horaria, teletrabajo y eliminación de horas extra, además de reorientar la prevención de riesgos. Por su parte, CCOO exige que las mutuas atiendan a todos los trabajadores con patologías musculoesqueléticas bajo la presunción automática de accidente laboral o enfermedad profesional.
Así, mientras el contador del gasto y los días perdidos sigue girando, la crónica de las bajas laborales se sigue escribiendo con la tinta de la parálisis y la falta de consenso.