El juez del caso Koldo indaga si se usaron empresas como Ferrovial para canalizar fondos

Actualizado hace 10 minutos

El juez que investiga el presunto amaño de contratos de obra pública en el caso Koldo ha puesto el foco en el posible uso de terceras empresas que concurrían a concursos con Acciona, entre ellas Ferrovial, "para canalizar fondos" que podrían haber ido a parar al bolsillo de los investigados.

A petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción, el juez Ismael Moreno ha solicitado a más de una treintena de entidades bancarias información de un conjunto de cuentas relacionadas con varias empresas, según el auto al que ha tenido acceso EFE este martes.

El juez considera "necesaria la ampliación de la información bancaria a las mercantiles Aquaterra Servicios Infraestructuras SL, Ferrovial Construcción SA, Tecade SA y Freyssinet SA".

Porque, según explica, el "fin perseguido por los investigados dentro de esta trama dirigida a la adjudicación de contratos de obra pública a determinadas empresas era obtener un provecho económico", y sospecha de la "posibilidad de que se hubiera hecho uso de las UTE (unidad temporal de empresas) constituidas con Acciona, así como de las empresas que formaban parte de éstas, para canalizar fondos que pudieran haber tenido como destinatarios a los investigados".

El magistrado adopta esta decisión en la pieza separada de la causa en la que investiga a catorce personas por presuntas mordidas en adjudicaciones de obra pública, entre ellas el exministro José Luis Ábalos y el exdirigente socialista Santos Cerdán.

La Fiscalía, en el informe donde apoya la medida solicitada por la UCO, recuerda las "relaciones económicas" entre Acciona Construcción y la empresa navarra Servinabar, que determinaron que "al menos el 75,33 %" de los ingresos de esta última tenían su origen en transferencias emitidas desde Acciona, desde UTE en las que participaba o desde mercantiles vinculadas.

Las empresas sobre las que el juez ha pedido información aparecen en diferentes proyectos investigados en la causa.

Son, en concreto, cuatro adjudicaciones: un tramo de la autovía A-68 en La Rioja, adjudicada a la UTE Acciona-Aquaterra; el proyecto de construcción de tirantes del Puente Centenario de Sevilla, a Acciona-Tecade-Freyssinet; el soterramiento de la red arterial ferroviaria de Murcia, a Acciona-Ferrovial; o la construcción de plataforma del corredor de alta velocidad Murcia-Almería, a Acciona-Ferrovial Agroman.

Antes de ser adjudicado el primero de los proyectos mencionados, en septiembre de 2019, el director general de Carreteras era Javier Herrero, uno de los investigados.

El fiscal recuerda que el pasado mes de febrero se recibió información bancaria relacionada con Herrero, incluida una "comunicación de operativa sospechosa por indicio" al SEPBLAC -servicio de prevención de blanqueo-, donde se informaba de que un producto bancario había recibido una transferencia de 25.440 euros de la sociedad Aquaterra, una de las adjudicatarias.

Tras recibir esos fondos, prosigue el fiscal, Herrero transfirió 12.500 euros a otra cuenta suya en la misma entidad.

Acciona aporta un informe a la causa

Por otra parte, Acciona ha remitido a la Fiscalía un informe fruto de una investigación interna realizada sobre su relación con Servinabar o con sociedades que pudieran tener que ver con esa empresa o con su administrador.

La compañía sostiene que, en general, la prestación de los servicios de Servinabar a Acciona aparece debidamente formalizada, mediante la aportación de trabajadores u otro tipo de colaboraciones, sin que se realizasen pagos en efectivo, sino mediante operativa bancaria.

Pero sí comunica a Anticorrupción dos casos en los que "no ha sido posible acreditar suficiente evidencia de la prestación efectiva de los servicios facturados y abonados a Servinabar", en concreto la integración del ferrocarril en Sant Feliú y la UTE de la Variante de Logroño.

En ambos casos, se habrían observado las formalidades y trazabilidades para que no se detectase "el irregular modo de proceder", de tal manera que "el modus operandi empleado resultó indetectable -e indetectado-".

La empresa matiza que se trata de una investigación limitada "a los medios d los que dispone la compañía" y que "no ha tratado de averiguar, por carecer de potestad para ello que pudiera ser efectiva", si alguno de sus empleados o exempleados han podido enriquecerse mediante de cantidades que podrían haber sido detraídas de la compañía. En ese sentido, recalca que en todo caso no habría quedado comprometido dinero público, sino de la propia Acciona Construcción.