El Departamento de Trabajo del Gobierno Vasco se ofreció hoy a mediar entre dirección y comité de empresa de Tubos Reunidos con el objetivo de alcanzar un acuerdo “que permita el mantenimiento de la acería” que la firma tiene en su planta de Amurrio. La viceconsejera de Trabajo, Elena Pérez Barredo, mantuvo hoy una reunión con los representantes sindicales de los trabajadores en Gasteiz, un encuentro que se produce en un momento en el que la empresa de tubos sin soldadura trata de articular de manera definitiva un Expediente de Regulación de Empleo con 242 salidas en sus plantas de Amurrio y Trapagaran.
La reunión, que había sido solicitada por los sindicatos, sirvió para que los representantes del comité de empresa trasladaran sus demandas al Ejecutivo, que en esencia pasan por la exigencia a la dirección de la empresa de la retirada del ERE, el mantenimiento de la acería de Amurrio, además del compromiso de no externalizar la actividad del área de logística. En un comunicado emitido tras la reunión, la viceconsejera de Trabajo, Elena Pérez Barredo, indicó que la empresa pasa por una situación “muy delicada”, ante la cual “se hace necesario aunar esfuerzos que permitan dar una salida a la viabilidad futura de la empresa”.
Según la comunicación emitida afinales del mes pasado por la compañía a la Dirección de Trabajo del Gobierno Vasco, el expediente se reduce desde los 285 afectados inicialmente previstos a 242, después de excluir a 41 trabajadores eventuales que han pasado a condición de indefinidos y que rechazaron adherirse al plan de salidas voluntarias. De ellos, 179 corresponden al centro de Amurrio y 63 al de Trapagaran.
En el encuentro, además del propio ERE, estuvo sobre la mesa la continuidad de la huelga indefinida en Tubos Reunidos, que la próxima semana alcanzará ya el mes de duración. En todo caso, la mayoría sindical del comité, compuesta por ELA, LAB y ESK, se inclina por mantener el paro, así que a corto plazo no se espera que la huelga finalice. Por su parte, la Inspección de Trabajo dependiente del Departamento continúa analizando toda la documentación remitida por la empresa sobre los motivos del ERE.
Los sindicatos están a la espera de que se den a conocer los contenidos de ese análisis para conocer qué impacto tendrá, pero el recorrido del expediente no se detiene. El vicelehendakari y consejero de Economía y Trabajo, Mikel Torres, aseguró la semana pasada que su Departamento analizará el ERE “con rigurosidad” para comprobar su cumplimiento legal. “Nos toca revisarlo profundamente y ver que se ajusta a las condiciones establecidas”, señaló.
En este sentido, Elena Pérez trasladó, por su parte, el compromiso de la Inspección de Trabajo en el “estudio riguroso” del expediente “como así lo ha hecho hasta ahora” y se puso a disposición de los representantes de los trabajadores a fin de poder solucionar el conflicto planteado con un acuerdo que permita mantener la acería en Amurrio.
Además, Pérez Barredo destacó que “todos los conflictos laborales, sean por situaciones de crisis de una empresa o por la negociación de un convenio colectivo, terminan siempre en un acuerdo”, por lo que “se hace necesario profundizar en el diálogo sincero y transparente a fin de poner encima de la mesa una solución que mantenga el mayor número posible de puestos de trabajo” en la comarca alavesa de Aiaraldea.
Tras la reunión, el sindicato LAB calificó de “decepcionante” la reunión, en la que criticó que el Ejecutivo no aportó “ninguna respuesta” a las cuestiones “clave” sobre el futuro de las fábricas. La central subrayó que el encuentro, “lejos de aportar certezas, ha vuelto a evidenciar la falta de transparencia” en torno a la situación de la empresa. LAB lamentó el “preocupante papel” que están desempeñando las instituciones y explicó que, en la reunión con el Ejecutivo, trasladó que “la sensación existente en la plantilla es que, en lugar de exigir responsabilidades a la empresa, la presión se está situando sobre las y los trabajadores, el comité y determinados sindicatos”.
“Se habla de responsabilidad, de evitar el conflicto o de no judicializar el proceso, pero no estamos viendo el mismo nivel de exigencia hacia la dirección de la empresa, que es quien ha puesto sobre la mesa un plan basado en despidos, cierre de la acería y externalización de la logística”, censuró LAB.
Según lamentó, la empresa “sigue manteniendo intacto su plan, sin haber abierto en ningún momento una negociación real sobre alternativas, ni haber ofrecido explicaciones suficientes que permitan entender por qué esas medidas son las únicas posibles”. Durante la reunión, LAB reclamó “transparencia” sobre “cuestiones clave que siguen sin respuesta”, como la negociación con la SEPI, la situación “real” de la refinanciación de la deuda, o la posible existencia de inversores. “Son elementos fundamentales para comprender el escenario actual, pero a día de hoy siguen envueltos en opacidad”, reprochó.
La cuestión de la deuda es uno de los ejes sobre los que gira el futuro de Tubos Reunidos. Con una deuda total de 263 millones de euros, la compañía afronta un calendario de pagos marcado por la urgencia de los mismos. El próximo 16 de abril está prevista una nueva reunión entre los comités y el Departamento de Industria.