El Gobierno Vasco ha concluido que las tecnologías previstas en el Plan Territorial Sectorial (PTS) de Energías Renovables de Euskadi que generan "más impactos ambientales negativos" son la eólica y la fotovoltáica, aunque considera que en ambas "sin llegar a alcanzar en ningún caso el impacto crítico a nivel territorial".
Esta conclusión se recoge en la Declaración Ambiental Estratégica (EsAE) de este PTS, aprobado en su versión provisional, emitida por el Departamento vasco de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad y publicado este miércoles en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV).
La aprobación provisional de este PTS por parte de Lakua se produjo en diciembre de 2024 y casi dos años después se ha resuelto la evaluación ambiental tras haberse analizado las 4.387 alegaciones presentadas por particulares e instituciones que mayoritariamente se centran en rechazar el modelo territorial definido en el plan por "favorecer las grandes instalaciones frente al autoconsumo".
La declaración señala que los mayores impactos ambientales negativos provienen de las energías eólica y solar, pero precisa que "en ningún caso" alcanza un "impacto crítico a nivel territorial".
Margen de incertidumbre
No obstante, advierte de que existe un "cierto margen de incertidumbre" a la hora de evaluar de manera global el impacto ambiental porque el PTS otorga capacidad a los planes territoriales parciales (PTP) y a los de ordenación urbana de los municipios para establecer otras zonas en las que instalar grandes y medianas instalaciones al margen de las recogidas en este plan.
Por parte de la eólica señala una afección "moderada" sobre todo en los espacios definidos en la red 'Natura 2000' y en otras zonas protegidas, en lo que se refiere a la diversidad biológica, a la conectividad, al paisaje y a la gestión de residuos.
No obstante, el estudio valora como "muy favorable" su contribución a la lucha contra el cambio climático y la independencia energética, y como "favorable" su aportación al empleo, al modelo económico, a la calidad de vida y a la salud.
Considera que el impacto de la energía solar es "globalmente inferior" al de la eólica. En concreto apunta a sus efectos negativos "moderados" en cuanto a la disponibilidad de suelo, al impacto paisajístico, y al consumo y a la gestión de recursos.
Como afecciones "compatibles" apunta a las relativas a los espacios protegidos y a la diversidad. Al igual que en el caso de la eólica ensalza sus consecuencias positivas en la calidad atmosférica, en la salud, en el empleo, en la economía y en la huella de carbono.
Excluir a la Red Natura 2000
La declaración establece una serie de medidas protectoras, compensatorias y de vigilancia de este plan. Entre otras precisiones plantea la exclusión como zonas de localización seleccionadas (ZLS) para instalar este tipo de energías los espacios naturales protegidos como los de la Red Natura 2000.
En este sentido, pide la revisión de la cartografía en lo que se refiere a la Red Natura 2000, para excluir del ámbito de colocación de renovables, entre otras zonas, la totalidad de los Montes de Gasteiz, Txingudi, Jaizkibel, y las zonas litorales de Urdaibai, entre otras.
La resolución también solicita incluir en el plan la recomendación para que se alejen los aerogeneradores a ser posible un kilómetro de los núcleos urbanos, más allá de los 500 metros recogidos inicialmente.
Impacto positivo contra el cambio climático
La declaración, que impone un plazo máximo de dos años para la aprobación del PTS desde hoy, destaca el impacto "positivo de elevada magnitud" de estas energías por su carácter de "transformación global y de cambio de modelo" que conlleva "amplios beneficios para la lucha contra el cambio climático y una reducción drástica de la huella de carbono".
Recuerda que el PTS prevé una posible superficie de instalación de estas energías de 6.651,6 hectáreas, lo que representa el 0,92 % de la superficie de la comunidad autónoma. Si se completase la declaración indica que en el caso de la eólica podría generar una reducción de más de 14 millones de toneladas equivalente de CO₂ con una vida útil de las instalaciones de 25 años.
En las mismas circunstancias y en el caso de que la solar alcanzase en 2030 el objetivo marcado por el Gobierno Vasco de 293 MW de potencia, el escenario es estar ante una reducción de más de 2,5 millones de toneladas equivalente de CO₂.