El Consejo de Gobierno Vasco ha aprobado este martes un nuevo decreto que refuerza el sistema de ayudas a la conciliación laboral y familiar para personas progenitoras trabajadoras. La nueva normativa viene respaldada por un importante esfuerzo presupuestario: la inversión dedicada a este programa, que hasta ahora era de 21,3 millones de euros, se amplía hasta los 27,5 millones de euros, según ha detallado el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico.
Este incremento económico se traduce en una ampliación de las familias beneficiarias, una notable flexibilización de los requisitos de acceso, mejoras en la gestión y un aumento generalizado en las cuantías de las prestaciones. Las novedades del decreto entrarán en vigor de forma inminente, ya que se aplicarán a las solicitudes presentadas a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), prevista para la tercera semana de junio.
Incrementos de hasta el 30% en las cuantías
El núcleo de la reforma establece que las ayudas dirigidas a excedencias y reducciones de jornada experimentarán un incremento general del 10%. Sin embargo, este aumento alcanzará el 30% para proteger a los colectivos con mayores necesidades específicas. Entre ellos se encuentran las familias monoparentales, las familias numerosas, las unidades familiares con algún miembro en situación de dependencia severa o gran dependencia, los hogares con personas con una discapacidad superior al 50% y las unidades familiares con alguna víctima de violencia de género o sexual.
Para garantizar la equidad del sistema, la cuantía de la ayuda se determina en función de la renta familiar estandarizada. Para este cálculo técnico, la administración tiene en cuenta de forma conjunta el nivel de renta familiar de ambos progenitores, así como la composición y la tipología de la familia solicitante.
Nuevas familias beneficiarias
Más allá de las mejoras económicas, el decreto introduce cambios cruciales en la gestión del tiempo de cuidado. Hasta la fecha, las excedencias o reducciones de jornada debían solicitarse de manera obligatoria por un mínimo de 59 días continuados. Con la nueva regulación, esas jornadas podrán ser discontinuas o intercaladas, ofreciendo una flexibilidad clave para la organización diaria de los hogares.
Por otra parte, la normativa amplía su escudo social al dictaminar que las familias de acogida también podrán optar a partir de ahora a estas ayudas de conciliación en igualdad de condiciones. Las líneas específicas de apoyo que cubre el decreto están perfectamente delimitadas: excedencias para el cuidado de hijos de hasta 3 años, reducciones de jornada para el cuidado de hijos de hasta 12 años, excedencias y reducciones de jornada para el cuidado de familiares dependientes o en situación de extrema gravedad sanitaria, y la contratación de cuidadores para hijos menores de 14 años.
Las modificaciones introducidas buscan optimizar un programa que cuenta con un arraigo y una utilidad social firmemente contrastados en Euskadi. Los datos oficiales de los últimos ejercicios así lo avalan: en el año 2024, el programa respaldó a 17.884 personas beneficiarias, mientras que en el año 2025 la cifra se situó en 17.166 usuarios. Además, durante el pasado ejercicio de 2025, el importe medio de la ayuda fue de 1.180 euros por solicitante.