El Gobierno vasco acepta menos de la mitad de traslados de presos a Euskadi

Es tiempo de balances en la política penitenciaria en Euskadi, una vez el pasado sábado, 1 de octubre, se cumplió un año de la transferencia. Ayer martes fue el turno de que la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, informara al Consejo de Gobierno, un encuentro del que dio después cuenta a los medios de comunicación y en cuyo transcurso dijo que, durante este año, el Gobierno vasco ha recibido 388 solicitudes de traslado a alguna de las tres cárceles vascas por parte de presos que cumplen condena en el resto del Estado.

De las mismas, el Ejecutivo vasco ha aceptado 157, menos de la mitad, ya que corresponde a un 40,46%. Se trata de peticiones tramitadas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y Lakua las acepta en base fundamentalmente al arraigo del solicitante en su lugar de origen. El objetivo es facilitar su reinserción y la no reincidencia.

El magistrado y asesor de Lakua en materia penitenciaria, Jaime Tapia, afirmó en una entrevista concedida a DEIA el pasado agosto que “nosotros no examinamos cuál es el delito cometido sino el arraigo de las personas que han cometido el delito, y si lo tienen se va a admitir el traslado”. “El criterio es el arraigo personal, familiar y social, que es el que permitirá que la reinserción sea más factible y exitosa”, añadió.

Por descontado, este criterio se aplica a todos los presos, sean comunes o vinculados con ETA. De hecho, estos últimos siguen siendo una minoría dentro de los que cumplen condena en la CAV, actualmente 116 de una población reclusa total de 1.496, aunque estas cifras varían prácticamente en tiempo real.

Pero la comparecencia de Beatriz Artolazabal se centró en gran medida en el personal que trabaja en los centros penitenciarios, según ella “el tema más delicado de este tipo de transferencias”. Recordó que “nunca hemos negado que tenemos una carencia de personal que hay que cumplir”, y apuntó a la “deficitaria herencia recibida” de manos del Gobierno español, “con carencias tanto en lo humano como en lo técnico y en lo estructural”.

Reiteró que las plazas ocupadas rondan el 83% y que las dos únicas posibilidades de aumentar la plantilla son la creación de una bolsa de trabajo y la convocatoria de una OPE. Respecto a la primera vía, la consejera indicó que se han recibido 803 solicitudes, lo que hará posible que en diciembre se pueda contar con 60 personas más en plantilla en una primera fase para elaborar después una Relación de Puestos de Trabajo que defina los cuerpos y escalas de estos funcionarios. Para ello se deben llevar a cabo modificaciones legales que permitirán convocar una OPE, lo que fijó a finales de 2024.

Remar a favor

En este punto, Artolazabal pidió a los sindicatos críticos como CCOO, que han anunciado movilizaciones, que actúen con “honestidad”, que no cuenten “medias verdades” y que “remen a favor”. Puso en valor el acuerdo alcanzado con ACAIP-UGT, la central con mayor representación en los centros penitenciarios vascos, con el respaldo de más del 45% de la plantilla. Concluyó que este colectivo “ha mantenido las condiciones que tenía” antes de que se ejecutara la transferencia, y que incluso se han establecido “mejoras”.