Actualizado hace 8 minutos
El Gobierno español ha asegurado que el texto definitivo del futuro Real Decreto de regularización de migrantes "garantizará el respeto a las obligaciones adoptadas a nivel europeo", tras la advertencia de Bruselas sobre la necesidad de ajustarse al marco normativo comunitario.
Fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones han señalado que la norma se elaborará conforme a los principios de "humanidad, solidaridad y responsabilidad" que caracterizan la política migratoria de España.
La Comisión Europea recordó que, aunque la regularización extraordinaria es competencia exclusiva del Gobierno, su aplicación no debe generar consecuencias negativas en otros países de la Unión Europea. El comisario de Migración, Magnus Brunner, advirtió que un permiso de residencia no es un cheque en blanco para circular libremente por la UE y que se deben respetar las reglas claras de movilidad entre Estados miembros.
Tramitación y respaldo legal
La Secretaría de Estado de Migraciones trabaja en la incorporación de propuestas y observaciones recibidas en el trámite de audiencia pública, con el objetivo de lograr un texto definitivo y continuar con su tramitación urgente.
El Gobierno español ha indicado que la vía de urgencia ha contado con todos los informes preceptivos, garantizando el cumplimiento de las exigencias legales y jurídicas establecidas por la Ley.
El Consejo de Ministros aprobó el 27 de enero iniciar el trámite de urgencia para regularizar extraordinariamente a más de medio millón de migrantes, tras un pacto entre PSOE y Podemos. El proyecto modifica el Reglamento de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de las personas extranjeras en España, retomando el espíritu de la ILP respaldada por más de 700.000 firmas, bloqueada hasta ahora en el Congreso.
Requisitos y alcance del proceso
El proceso estará dirigido a extranjeros presentes en España antes del 31 de diciembre de 2025 que acrediten haber permanecido al menos cinco meses de forma continuada, mediante documentos públicos o privados.
Para solicitantes de protección internacional, bastará con que la solicitud se hubiera presentado antes del 31 de diciembre de 2025 y pueda acreditarse.
Otros requisitos incluyen no contar con antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público. Los beneficiarios recibirán autorización de residencia inicial de un año, incorporándose posteriormente a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería, permitiendo una integración progresiva.
El proyecto se dirige principalmente a personas que ya se encuentran en España desde hace tiempo, incluidas las con solicitudes de protección internacional pendientes o denegadas. La medida se aplicará sin distinción de nacionalidad, siempre que se cumplan los requisitos. Además, permitirá la regularización simultánea de hijos menores, cuyo permiso será de cinco años.
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