El Gobierno español ha aprobado este martes el proyecto de ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, un texto que ajusta la legislación española a la europea y que fija multas millonarias (de hasta 35 millones de euros), trata de atajar los contenidos 'ultrafalsos' (deepfakes) -como los desnudos generados por asistentes virtuales-, y determina qué técnicas y sistemas están expresamente prohibidos.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de ley, que comenzará ahora su tramitación parlamentaria, un texto que va a dotar al Estado de un instrumento que asegurará la supervisión humana para todos aquellos sistemas considerados de 'alto riesgo' porque podrían afectar a los derechos fundamentales de las personas.
El texto fija los sistemas o las prácticas que están prohibidas, como el uso de técnicas subliminales para manipular decisiones sin consentimiento, explotar vulnerabilidades relacionadas con la edad o la situación socioeconómica de las personas (menores, mayores o discapacitados), la clasificación biométrica por raza u orientación política o religiosa, o la 'puntuación' de individuos basándose en comportamientos sociales o rasgos personales para por ejemplo denegar subvenciones o préstamos.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha subrayado que España está demostrando "un ejemplo sobresaliente" en el despliegue y la adopción de la IA y ha citado la localización de dos 'fábricas' de IA de la UE, un proyecto de 'gigafactoría', varias empresas punteras en el sector, entre ellas Multiverse Computing o la existencia ya de un modelo de IA en español ('ALIA'), y ha aseverado que el país "abandera" la apuesta para que esta tecnología sea "ética y confiable".
Óscar López, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha defendido, frente a los 'tecnoligarcas" que están en contra de cualquier tipo de regulación, la posibilidad de compatibilizar la innovación y la competitividad con los derechos, y se ha mostrado convencido de que la ley responde a la inquietud de los españoles, ya que casi el 80 por ciento de la población pide más protección de los derechos digitales.
La nueva ley es "garantista y humanista", ha manifestado el ministro, quien ha alineado los objetivos del texto con los fijados por el papa León XIV en su encíclica, y ha situado a España como uno de los líderes mundiales (el séptimo, ha dicho) en el desarrollo y el progreso de la inteligencia artificial, pero como "el más avanzado" del planeta en el caso de una tecnología "confiable".
Respuesta a los desnudos creados desde la red social X
La ley fija responsabilidades a los responsables de IA que utilicen sistemas prohibidos en Europa, impone la supervisión humana en casos que puedan afectar a derechos fundamentales, promueve la transparencia algorítmica e incluye medidas específicas de protección a los menores, y atribuye competencias de supervisión a la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA), a la Agencia Española de Protección de Datos, al Consejo General del Poder Judicial, al Banco de España o a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
El texto que ha aprobado hoy el Gobierno incluye ya las modificaciones al Reglamento Europeo que se han incorporado recientemente, y entre ellas la prohibición de sistemas de inteligencia artificial que generen 'deepfakes' sexuales, tras la polémica generada por los desnudos de mujeres creados por 'Grok', el asistente virtual de la red social X. La Ley prohíbe por ejemplo el uso de 'chatbots' que identifiquen a usuarios con adición al juego para incitarles a entrar en plataformas de juego; los juguetes infantiles dotados con IA que puedan animar a los niños a completar retos que les pueden producir daños; o sistemas que clasifiquen con biometría a las personas (orientación política, sexual u otras) a partir del análisis de sus fotos en redes sociales.
Infracciones y sanciones millonarias
Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy graves, y las sanciones podrán alcanzar hasta los 35 millones de euros o el 7 por ciento del volumen de negocio anual de una empresa en los casos más graves; y serán de 500.000 euros -o el 0,5 por ciento del volumen de negocio- en el caso de las más leves. La ley española incluye detalles que no provienen del Reglamento Europeo de IA, y entre ellas medidas para impulsar el buen uso de estas tecnologías en el sector público, tras las numerosas sugerencias que se hicieron en ese sentido durante el trámite de audiencia pública. Así, la norma española introduce la creación de un inventario de sistemas de IA utilizados en procedimientos administrativos; y establece la figura del delegado de IA, que estará encargado de coordinar la aplicación normativa y asesorar en proyectos y contratación pública.