El Gobierno de Sánchez rechaza ubicar la Comisión de la Energía en Euskadi

El Gobierno español dio ayer miércoles un portazo que parece definitivo a la aspiración de Euskadi de albergar la sede o al menos una delegación secundaria de la nueva Comisión Nacional de la Energía. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, aseguró, como todo apuntaba por las últimas manifestaciones de fuentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que el ente que regulará el sistema energético estará en Madrid y dio a entender que no habrá otras oficinas complementarias.

La CNE tendrá su sede “en la misma ciudad donde estaba antes” de su integración en 2013 en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy. Debido al arraigo en la CAV de dos agentes energéticos de la relevancia de Iberdrola y Petronor, el PNV había movido ficha para que se visualizara con cierto protagonismo en la nueva comisión la apuesta energética de país de Euskadi.

Sin embargo, los socialistas han optado por desestimar la demanda en lo que parece una decisión definitiva. En los Desayunos Informativos de Europa Press en Madrid, Ribera defendió ayer que, una vez superado el periodo de alegaciones al anteproyecto, la tramitación de la creación del organismo, que recupera el regulador energético que existió hasta hace algo más de una década, sea “urgente” para “poder contar con la ley aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado antes del fin de año”.

Asimismo, criticó las sospechas de quienes ponen en duda la independencia del nuevo regulador y afirman que estará al servicio del Ejecutivo. “Forman parte de las maledicencias. Seguro que lo debieron pensar cuando lo creó el Gobierno de Aznar y cuando duró más de veinte años”, dijo al respecto, cuestionándose: “¿A quién le sorprende que, como otros 25 estados miembros de la Unión Europea, se recupere algo que ya ha existido aquí hasta antes de ayer?”.

Descarbonización

La ministra señaló el valor de recuperar un regulador independiente especializado en energía”, y afirmó que contará con “prácticamente las mismas funciones” que tenía en el pasado, “con una novedad muy importante, el atribuirle la función de facilitar a través de sus decisiones la descarbonización”.

Por otra parte, Ribera estimó que la publicación por el Gobierno de la metodología de actualización de la retribución a la operación de las instalaciones de régimen retributivo específico de la cogeneración podría producirse “alrededor del verano”.

“Básicamente, yo creo que el formato en el que estamos trabajando se conoce, porque ya salió información pública, y evidentemente estamos atentos, atendiendo todas las observaciones, todas las alegaciones que hemos recibido, y lo haremos cuanto antes, con garantía”, apuntó al respecto. En todo caso, manifestó que para las retribuciones de los semestres que están pendientes se está abordando ya, aunque indicó que la nueva metodología tardará todavía unos meses.

Tasas energética y bancaria

Por otra parte, la vicepresidenta tercera del Gobierno español, Teresa Ribera, confirmó ayer que se está trabajando en la vía para hacer permanente el impuesto extraordinario a la banca y a las energéticas, aunque incluyendo fórmulas de incentivos a la reinversión en transición ecológica, a pesar de que no habrá Presupuestos Generales del Estado para este año. Ribera señaló que habrá que analizar la posibilidad de introducir esa modificación al gravamen “en alguna Ley que esté en tramitación en estos momentos”.

En un principio, estaba previsto que esa reformulación del impuesto extraordinario se recogiera en los PGE para 2024, ya que el gravamen tenía carácter temporal para dos años –2023 y 2024–. A este respecto, la ministra indicó que será necesario encontrar un lugar para su tramitación, ya que de no ser así decaerá la medida a finales de este ejercicio. “Los ministerios de Hacienda, de Industria y nosotros estamos viendo cómo encajar este incentivo a la inversión”, dijo.

Así, Ribera destacó que la propuesta política es hacer evolucionar este gravamen “hacia un sistema que permita incentivar la inversión”. “Es decir, si se produce esa inversión, pues no tiene sentido mantener esa prestación patrimonial”, dijo, añadiendo que el encaje se lo deja a “la vicepresidenta primera [María Jesús Montero, ministra de Hacienda], que es la que lidera este dosier”.