El reloj económico ha vuelto a ponerse en marcha este martes, y lo ha hecho con la intensidad y la polarización que caracterizan la tormentosa legislatura. El Consejo de Ministros ha dado este martes el pistoletazo de salida para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027 con la amenaza de rebelión de las comunidades gobernadas con el PP. Dos relatos contrapuestos, dos visiones irreconciliables, han vuelto a chocar frontalmente.
Por un lado, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al límite de gasto no financiero, el conocido como 'techo de gasto'. Y no es una cifra cualquiera: 226.032 millones de euros. Este volumen, que supone un incremento del 6,6% respecto al gasto estataldel año precedente, se erige como una cifra récord con la que el Ejecutivo de coalición aspira a cimentar su proyecto político. El encargado de defender las cifras ha sido el ministro de Hacienda, Arcadi España, quien en la rueda de prensa posterior al cónclave gubernamental ha trazado las líneas maestras de unas cuentas que, según sus palabras, serán "ambiciosas en lo social y responsables en lo fiscal".
El ministro de Hacienda, consciente de la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha reclamado una "reflexión" profunda a los grupos políticos para que abandonen "los intereses partidistas y miren hacia el bien común". Para que este calendario sea viable, el Ejecutivo Sánchez debe superar un primer escollo inminente que hoy por hoy parece inflanqueable. El próximo martes día 14, en un Pleno extraordinario —dado que el periodo ordinario de sesiones concluyó el 30 de junio—, el Congreso deberá votar los objetivos de estabilidad presupuestaria y el reparto del déficit. La expectación es máxima, puesto que el techo de gasto en sí no se somete a votación, pero la senda de déficit sí requiere el aval de la Cámara. El Gobierno Sánchez ya contempla la posibilidad de un tropiezo -Junts ha dejado claro que sigue instalado en el no-, por lo que ha reservado en su agenda el día 23 de julio para una hipotética segunda votación de rescate.
Un déficit descendiente
La arquitectura fiscal diseñada por Hacienda y aprobada hoy marca una senda descendente. El déficit del conjunto de las Administraciones Públicas se ha fijado en el 1,8 % del PIB para 2027, reduciéndose al 1,6 % en 2028 y al 1,5 % en 2029. La Administración española asumirá la mayor carga de este desfase (1,5 % el próximo año). Por su parte, la Seguridad Social tendrá un margen del 0,2 % en 2027, mientras que a los ayuntamientos se les exigirá el estricto equilibrio presupuestario durante todo el trienio. La deuda pública, ese gigante que lastra las cuentas de un Estado, también deberá emprender un viaje a la baja: del 97,6 % proyectado para 2027 al 95,3 % en 2029, con una regla de gasto acotada al 4 % para el próximo ejercicio.
El preludio a estos anuncios tuvo lugar este lunes en un tenso Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Allí, el Gobierno Sánchez, apoyado por las autonomías lideradas por el PSOE (Catalunya, Castilla-La Mancha y Asturias), impuso un objetivo de déficit del 0,1 % para las comunidades entre 2027 y 2029, otorgándoles un margen fiscal de 5.849 millones de euros. Una medida que, sin embargo, contó con el rechazo en bloque de los consejeros del Partido Popular. Hacienda, no obstante, ha dejado la puerta entreabierta a negociar déficits asimétricos, un guiño que no ha servido para apaciguar las aguas. En esta ecuación están excluidas tanto la CAV como Nafarroa cuyo déficit ya ha sido objeto de una negociación bilateral. En el caso de la CAV las bases sentaron el pasado mes de marzo en la Comisión Mixta del Concierto Económico donde se aprobó un déficit del 0,3% para el Gobierno Vasco y un 0,1% para las diputaciones. En el caso de la Comunidad Foral el acuerdo también se fijó en el 0,3%.
La trinchera de Madrid: "Un otoño caliente"
A pocos kilómetros de la Moncloa, el clima era diametralmente opuesto. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, convertía un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en un auténtico polvorín. Allí, Ayuso ha desplegado su artillería verbal más pesada, despojando de cualquier legitimidad económica a los anuncios del Gobierno español.
Para la baronesa popular, la maquinaria presupuestaria de 2027 no es más que una "maniobra de distracción" para desviar la atención de los casos de corrupción que cercan al entorno del presidente y un ejercicio de mera "propaganda electoral". Ayuso ha ido un paso más allá en su diagnóstico, advirtiendo de que el verdadero objetivo del Gobierno Sánchez es "impulsar la Hacienda catalana". Según sus palabras, esta concesión a los independentistas es "un paso más" para "generar una nación paralegal, a ojos de todos y con el dinero de todos". La presidenta regional no ha ahorrado adjetivos para calificar la reunión del CPFF, tildándola de "paripé" y "engaño".