El Congreso acelera la ley de multirreincidencia, que podría aprobarse a primeros de 2026

Actualizado hace 3 minutos

La Comisión de Justicia del Congreso ha acelerado este miércoles la tramitación de la propuesta de Junts para endurecer las penas por multirreincidencia, con el objetivo de que la reforma pueda quedar aprobada a comienzos de 2026. La iniciativa ha contado con el apoyo de PP, Vox y PNV, además del PSOE, en lo que se interpreta como un gesto del Gobierno hacia Junts tras el bloqueo político anunciado por los postconvergentes.

Frente a esta mayoría que ha avalado el dictamen de la ponencia, Sumar, EH Bildu y Podemos —mientras ERC ha optado por la abstención— han rechazado la propuesta al considerarla un ejemplo de “populismo punitivo”, que a su juicio solo favorece a la extrema derecha, y han criticado especialmente el apoyo otorgado por los socialistas.

Durante el debate, la diputada de Junts Marta Madrenas defendió la reforma negando que sea “populista” y subrayó que su objetivo es responder a la frustración social generada por la sensación de impunidad ante hurtos reiterados. En la misma línea, el portavoz del PNV, Mikel Legarda, insistió en que el endurecimiento de penas es una demanda “transversal”, ajena a etiquetas ideológicas, y pidió afrontarla con serenidad.

Para la socialista Mercè Perea, la reforma demuestra “política útil” y atiende las demandas ciudadanas y municipales; afirmó que el modelo de seguridad del PSOE es “progresista, público y universal” y que, con esta ley, “la multirreincidencia tiene los días contados”.

El PP también celebró la aprobación de la norma, defendiendo que la comisión repetitiva de hurtos, estafas y pequeños robos genera alarma social y sensación de impunidad. Su diputado Santi Rodríguez recordó que el propio Grupo Popular presentó una reforma similar que quedó en un cajón.

Desde Vox, Carina Mejías celebró que la reforma “va en la dirección” de su propuesta de mayor severidad ante el hurto leve y nuevos supuestos agravados. Aseguró que Vox no busca “maquillar una mala ley”, sino “mirar de frente el problema y acabar con la impunidad”.

Sumar y Podemos critican la reforma

En el lado opuesto, el portavoz de Justicia de Sumar, Enrique Santiago, criticó que la reforma supone una deriva punitivista, genera penas desproporcionadas y responde a las necesidades de Junts en su disputa con la extrema derecha catalana. Bildu, a través de Jon Iñarritu, rechazó la norma por considerarla “ni proporcional, ni eficaz, ni garantista”, advirtiendo de que endurecer penas rompe el equilibrio penal y recordando jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Desde Podemos, Martina Velarde denunció que la reforma alimenta “relatos racistas y xenófobos de la extrema derecha” y castiga al “robagallina” mientras los grandes delincuentes permanecen impunes. ERC, por su parte, se abstuvo: la diputada Pilar Vallugera señaló que la derecha y la ultraderecha han logrado instalar un marco de inseguridad ciudadana que genera expectativas irreales, y advirtió de que la ley no resolverá los problemas y aumentará la frustración hacia los legisladores.

En cuanto al contenido, la reforma impondrá multas de uno a tres meses si lo sustraído no supera los 400 euros, pero podrá elevar el castigo a prisión de uno a tres años cuando concurran circunstancias como haber sido condenado por al menos tres delitos menos graves previos. Además, introduce un agravante específico para el hurto de móviles o dispositivos informáticos con datos personales, salvo en casos de teléfonos nuevos sustraídos en tiendas.

Delitos de estafa

Una enmienda pactada entre PP, PSOE y PNV amplía la previsión de la multirreincidencia a delitos de estafa cometidos con ánimo de lucro mediante engaño suficiente para inducir a error. Para fijar la pena se considerará el importe defraudado, el perjuicio económico, la relación entre autor y víctima, los medios utilizados y otras circunstancias relevantes. Otra modificación, también acordada con PSOE y PNV, permitirá imponer prohibiciones cautelares de acudir a determinados lugares, municipios o comunidades autónomas, o de aproximarse o comunicarse con personas concretas.

Finalmente, mediante una enmienda in voce pactada por PP, PNV y Junts, se establece una pena de prisión de uno a cinco años para el denominado ‘petaqueo’, es decir, la provisión logística a narcolanchas, castigando la adquisición, tenencia, transporte o suministro negligente de combustibles líquidos en contra de la normativa. Tras su aprobación en comisión, la reforma será debatida y votada en un próximo Pleno del Congreso, previsiblemente en enero o febrero, y posteriormente pasará al Senado para completar su tramitación.