La Diputación Permanente del Congreso previsiblemente convalidará este jueves uno de los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno el pasado 6 de octubre, tras el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años. La norma, que reúne el grueso de las medidas planteadas por el Ejecutivo para hacer frente a la crisis habitacional, cuenta con el respaldo suficiente para salir adelante, aunque por un margen mínimo: 35 votos a favor frente a 34 en contra. El PP ya ha anunciado que derogará tanto este decreto como la Ley de Vivienda de 2023 si llega a la Moncloa tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
El texto que previsiblemente recibirá luz verde contempla la protección frente a los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta diciembre de 2030, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones y la prórroga de dos años de los contratos que finalicen antes de 2029. También fija límites a la actualización anual de las rentas hasta finales de 2027.
Entre las medidas figuran además restricciones a determinadas compras especulativas de vivienda, un IVA del 10% para los pisos turísticos y del 4% para la vivienda protegida, beneficios fiscales para inquilinos y propietarios y préstamos públicos al 0% para facilitar el acceso a una primera hipoteca.
Un decreto sin el apoyo de Junts
La votación se celebrará en la Diputación Permanente, órgano que sustituye al pleno durante la disolución de las Cortes. En este caso, el bloque integrado por PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos suma 35 representantes, frente a los 34 de PP, Vox y Junts. De este modo, el Ejecutivo no necesitará el respaldo de la formación catalana para sacar adelante la norma.
El Gobierno ya trató de convalidar ambos decretos a comienzos de octubre, pero el pleno rechazó las iniciativas, un resultado que precipitó el adelanto electoral. Tras la convocatoria de los comicios, el Ejecutivo volvió a presentar los textos con algunas modificaciones para someterlos a la Diputación Permanente.
La sesión abordará también el segundo decreto, que defenderá el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, pero que previsiblemente será rechazado por falta de apoyos. Esta iniciativa, impulsada por Sumar y el movimiento por la vivienda, plantea sustituir la actual prórroga anual de los contratos de alquiler habitual por renovaciones automáticas de cinco o siete años. Además, contempla una indemnización equivalente a doce mensualidades para los propietarios que decidan no renovar, salvo excepciones.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, será la encargada de defender el decreto que cuenta con posibilidades de prosperar. Desde su departamento destacan los préstamos de hasta 50.000 euros para acceder a una primera vivienda, las deducciones fiscales para inquilinos y pequeños propietarios y las ayudas a los promotores de alquiler social o asequible.
La vivienda, en el centro de la campaña
El debate parlamentario llega después de la huelga general convocada hoy, que tiene la crisis de la vivienda como principal motivo, y coincidirá con la víspera del inicio de la campaña electoral. Desde el Ministerio de Vivienda sostienen que sus propuestas benefician al conjunto de la ciudadanía y acusan a la derecha y a la ultraderecha de favorecer a los especuladores.
Por su parte, el PP mantiene su compromiso de derogar los decretos y la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023 si alcanza el Gobierno. La formación plantea sustituir el actual marco normativo por un plan de construcción de un millón de viviendas.