El Consejo Económico y Social Vasco (CES) ha realizado "una valoración general positiva" del proyecto de reglamento de la Ley sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), aunque ve conveniente precisar en el articulado los mecanismos de orientación y alineamiento de los recursos y ofrecer criterios objetivables para garantizar "la gestión prudente" y la salvaguarda de los intereses financieros de las personas socias.
El CES ha emitido un informe sobre el decreto por el que se aprueba el reglamento de la Ley sobre EPSV que ha elaborado por el departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco, cuya tramitación considera "adecuada".
Arraigo del tejido industrial
El reglamento tiene como objetivo recoger en un único texto normativo la regulación actualmente contenida en los distintos decretos, además de modificar y ampliar la regulación en materia de inversiones de las EPSV para, entre otras cuestiones, orientar una parte de los recursos gestionados hacia proyectos que impulsen el arraigo y el crecimiento del tejido industrial, empresarial y tecnológico vasco. Asimismo, persigue adecuar la regulación de la previsión social complementaria al marco normativo europeo.
El CES vasco hace una "valoración general positiva" del proyecto de decreto, en el que destaca especialmente "el esfuerzo de ordenación, sistematización y actualización" de la normativa reglamentaria en materia de EPSV.
Mejora de la seguridad jurídica
En concreto, el proyecto sustituye la actual coexistencia de los Decretos 87/1984, 92/2007, 203/2015 y 13/2024 por un único Reglamento, por lo que, según destaca el órgano consultivo, "contribuye a mejorar la sistemática y la seguridad jurídica".
Asimismo, considera "especialmente positivo" que el texto sea resultado de un proceso previo de diálogo con el sector, lo que ha permitido alcanzar "un elevado grado de consenso" sobre buena parte de su contenido.
También valora que el decreto recoja la promoción de políticas de inversión sostenible y responsable de las EPSV, "fomentando una alineación progresiva entre las decisiones de inversión, los objetivos sociales y medioambientales y el interés a largo plazo de las personas socias, siempre en el marco de gestión prudente y sin menoscabo de la protección de los intereses financieros de las personas socias".
No obstante, el CES advierte que el decreto no señala con claridad los mecanismos de orientación y alineamiento de los recursos, y considera que sería "altamente positivo" que se precisaran esos mecanismos en el articulado. También plantea la conveniencia de ofrecer "criterios objetivables para garantizar y comprobar la gestión prudente y la salvaguarda de los intereses financieros de las personas socias".
Inversión en la economía productiva
Entre los aspectos más positivos de la propuesta, el CES destaca la orientación del artículo 51 en relación con la consideración expresa de las posibilidades de inversión en la economía productiva de Euskadi. Según ha valorado, "esta previsión supone una apuesta de país, al favorecer que el ahorro gestionado por las EPSV pueda contribuir a financiar proyectos empresariales vinculados a Euskadi, apoyando el crecimiento, la transformación, la innovación o el relevo generacional de nuestras empresas".
En su opinión, "esta inversión debe ser compatible con la incorporación de criterios sociales y medioambientales claramente definidos y en línea con las recomendaciones y normativas de consenso internacional, así como de garantías sociales expresas que eviten que el patrimonio de las personas trabajadoras se destine a actividades incompatibles con los principios de empleo de calidad, igualdad, negociación colectiva, sostenibilidad y de gobernanza relacionados con las inversiones".
Ley de diáspora vasca
El CES Vasco ha emitido también dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de la Diáspora vasca, que persigue la promoción, coordinación y fortalecimiento de las relaciones de las instituciones públicas de Euskadi y de la sociedad vasca en general con este colectivo, así como "el establecimiento del marco jurídico y estratégico que favorezca dichas relaciones".
El Consejo, que valora los objetivos de esta ley, considera que la tramitación es adecuada. De manera específica, destaca la redefinición del propio concepto de diáspora como un avance respecto de la normativa en vigor, que fue implementada en 1994 y, por lo tanto, "concebida en un momento económico, social y cultural muy diferente al actual".
En este sentido, considera especialmente destacable la introducción de una nueva terminología y la ampliación de su clasificación, así como el reconocimiento de las comunidades virtuales y el diseño de una nueva arquitectura institucional y de un nuevo modelo de gobernanza.
Igualdad como principio transversal
Sin embargo, el dictamen señala varios puntos de mejora. Entre ellos, indica que, aunque el anteproyecto incorpora la igualdad de mujeres y hombres como principio transversal y contempla diversas medidas en este ámbito, "debería incorporar expresamente la perspectiva interseccional y prever mecanismos concretos para identificar y abordar las desigualdades derivadas de la interacción entre el género y otros factores, como el origen, la edad, la discapacidad, la situación socioeconómica o migratoria, la orientación sexual o la identidad de género".
Por otro lado, incide en que el anteproyecto reconoce la diversidad de la diáspora y "las múltiples formas de vivir la vasquidad", pero "combina esta apertura con referencias recurrentes a la conservación, preservación y transmisión de la cultura vasca".