El 61% de los españoles no utiliza nunca el transporte público o lo hace menos de una vez al mes, frente a un 12% que lo usa a diario, según se desprende del informe 'Movilidad en precario: radiografía de la pobreza en el transporte en Europa', de Greenpeace.
La investigación, dada a conocer este martes, revela que un 10,2% de los ciudadanos del Estado, es decir, unos 5 millones de personas, no utiliza medios de transporte públicos porque no hay en su zona, la frecuencia es baja o los horarios no encajan con su vida cotidiana.
En cuanto al gasto en transporte, el informe indica que el 13,9% de los hogares con ingresos bajos o medios destina una proporción de su presupuesto que duplica la mediana nacional. Además, el 15,2% de esa misma población gasta más del 6% de su presupuesto total en moverse.
'Propiedad forzosa de vehículo'
Greenpeace señala que una de cada diez personas se ve afectada por lo que denomina la 'propiedad forzosa de vehículo', es decir, "familias que, a pesar de sufrir una situación de pobreza material y social, se ven obligadas a mantener un coche por falta de alternativas". El Estado español supera en casi cuatro puntos la media europea, que está en un 6,4%, según destaca la ONG.
La coordinadora de la campaña de movilidad de Greenpeace, Cristina Arjona, ha afirmado que "hay personas en España que renuncian a bienes y servicios básicos para poder pagarse un coche porque no tienen una garantía de transporte público adecuado para poder cubrir sus necesidades de movilidad cotidiana, como ir al trabajo o llevar a sus familiares al médico". "Esto es una trampa para el bolsillo y el clima", ha destacado.
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Peor situación en zonas rurales
Además, el estudio muestra que en las ciudades el 3,3% de la población carece de transporte público por falta de oferta, frecuencia insuficiente u horarios inadecuados, una cifra que se eleva al 14,9% en pueblos y periferias y alcanza el 26,9% en zonas rurales.
La organización destaca, asimismo, que el 9,8% de la población activa, es decir, más de dos millones de personas en España, dedica más de una hora de ida a llegar a su puesto de trabajo, por encima del promedio europeo (8,1%).
Arjona ha afirmado que "el transporte público y sostenible no debería ser un lujo, sino un pilar básico del Estado de Bienestar". "Es una herramienta clave para garantizar el acceso a los servicios esenciales, facilitar la movilidad cotidiana y reducir el impacto del cambio climático", ha señalado.
La ONG también pide la extensión del Abono Único de Transporte.
Reforzar conexiones de tren y bus
"Para ello, es preciso reforzar las conexiones de tren y autobús en áreas metropolitanas, entre pueblos y cabeceras de comarca, asegurando tarifas asequibles y horarios útiles para la vida real. Es hora de acabar con la pobreza en el transporte mediante una red que sirva tanto a las personas como al planeta", ha asegurado Arjona.
Para la miembro de Greenpeace, la crisis climática y la crisis de movilidad son "dos caras de la misma moneda". "El dinero para financiar un transporte público digno existe: está en manos de quienes más contaminan. Necesitamos una fuerte alineación entre los objetivos climáticos y la inclusión social en nuestras políticas de transporte para garantizar que nadie se quede atrás", ha declarado.
'Garantía de Movilidad'
En este escenario, Greenpeace reclama una 'Garantía de Movilidad' con estándares vinculantes de frecuencia, cobertura, horarios y accesibilidad que asegure condiciones mínimas de transporte público en todo el territorio, incluidas las zonas rurales y las islas.
La ONG también pide la extensión del Abono Único de Transporte introducido en enero de 2026, que considera "insuficiente". En concreto, reclama que al abono integre el transporte autonómico, urbano y rural, lo que "permitiría aprovechar al máximo su potencial social y ambiental, además de facilitar la vida cotidiana de miles de personas y reducir la dependencia del coche".
Plan Social para el Clima
La entidad aboga, asimismo, por la aprobación de un Plan Social para el Clima que incluya medidas e inversiones "claramente dirigidas a los hogares vulnerables, las microempresas vulnerables y los usuarios vulnerables del transporte con el fin de garantizar una movilidad asequible".
La eliminación de los descuentos fiscales generalistas a los carburantes y su sustitución por ayudas dirigidas a colectivos específicos y de Escudo Social Verde o la financiación del transporte público mediante fiscalidad justa son otras de sus propuestas.