El Tribunal de Distrito de Estados Unidos (EE.UU.) para Columbia ha rechazado la petición de España de paralizar la ejecución de una sentencia que reconoce a los inversores 135,7 millones de euros (156,6 millones de dólares) por las indemnizaciones de las renovables y autoriza a los acreedores del Caso Antin a avanzar con el embargo.
Fuentes cercanas a los fondos acreedores afirman que esta resolución supone un nuevo golpe a la estrategia seguida por el Gobierno español para evitar el pago de los laudos internacionales derivados del recorte retroactivo de las primas a las energías renovables.
Infringir el derecho comunitario
Las mismas fuentes explican que el Ejecutivo de Sánchez había alegado ante el tribunal norteamericano que tanto el pago de la sentencia como la constitución de una garantía para suspender su ejecución podrían infringir el derecho comunitario y exponer a España a posibles sanciones de Bruselas, un planteamiento que ha sido rechazado por la justicia de EE.UU., dicen los acreedores.
Asimismo, el auto apunta, además, que España tampoco ha acreditado haber solicitado recientemente autorización a Bruselas para pagar la sentencia o constituir dicha garantía. De hecho, su insistencia en que el derecho europeo le impide pagar podría ser un indicio de que existe una probabilidad razonable de que España no pueda o no quiera satisfacer la sentencia, según concluye el tribunal.
Caso Antin
El Caso Antin tiene su origen en las inversiones realizadas por Infrastructure Services Luxembourg y Energia Termosolar en proyectos solares españoles bajo el marco de incentivos en vigor. Tras los cambios regulatorios posteriores, los inversores recurrieron al arbitraje internacional alegando una vulneración del Tratado de la Carta de la Energía y un tribunal del CIADI falló a su favor en 2018 y fijó la indemnización en 101 millones de euros más intereses.
Aun así, la Comisión Europea rechazó que España desembolsase este importe a la firma luxemburguesa Antin, al considerar que sería una ayuda de Estado ilegal, una decisión tras la cual, la vicepresidenta tercera del Gobierno español, Sara Aagesen, confiaba en que cualquier posible recurso no tuviese ningún tipo de recorrido en la justicia europea, según afirmó en una entrevista en marzo de 2025.
Primas solares y eólicas
La resolución de la justicia de EE.UU. permite a los demandantes incautar activos soberanos susceptibles de embargo para satisfacer dicha deuda, además de poder registrar la sentencia en cualquier otro distrito judicial del país, una herramienta especialmente importante para perseguir activos españoles fuera de Washington.