El panorama de las aulas navarras se encamina hacia una transformación profunda en su gestión de la convivencia. El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha dado un paso firme con la elaboración de un nuevo Decreto Foral de Convivencia, un texto que busca actualizar una normativa que databa de 2010 y que ya no respondía a las complejas realidades del siglo XXI. La medida más contundente y que marca un cambio de paradigma es clara: el alumnado que participe como agresor en situaciones de acoso o ciberacoso deberá abandonar de forma definitiva el centro educativo donde se produjeron los hechos.
Esta decisión, recogida en el proyecto remitido recientemente al Portal de Transparencia para recibir aportaciones, nace de una premisa de justicia restaurativa y protección: blindar el entorno de la víctima para facilitar su recuperación emocional sin que sea ella quien deba renunciar a su centro habitual.
Protección prioritaria para la víctima
Hasta ahora, en muchos casos de conflicto grave, la presión social o la falta de herramientas legales derivaba en que fuera el alumno acosado quien terminara cambiando de colegio para huir del maltrato. El nuevo decreto invierte esta lógica. La normativa establece que se podrá proponer el traslado de centro del estudiante responsable de conductas graves, no solo en casos de acoso, sino también ante situaciones de violencia contra las mujeres o agresiones de especial gravedad contra cualquier miembro de la comunidad escolar.
El procedimiento no será arbitrario. Para que un traslado definitivo se haga efectivo, se requerirá el visto bueno de la Dirección General de Educación, tras haber escuchado previamente al Consejo Escolar del centro afectado. El objetivo es que el agresor sea escolarizado preferentemente en un centro de la misma red y modelo lingüístico. Sin embargo, el texto contempla situaciones excepcionales: si no se puede garantizar una plaza adecuada de inmediato, el derecho de asistencia del agresor podrá suspenderse durante quince días lectivos, periodo en el cual se aplicarán medidas estrictas para proteger a la víctima. Además, para el alumnado mayor de edad, el decreto abre la puerta a la rescisión de la matrícula.
Aumento preocupante de la conflictividad en las aulas
La urgencia de esta renovación normativa no es casual. Responde a una realidad estadística que los responsables educativos han calificado de preocupante tras los últimos estudios realizados en la Comunidad Foral. Los datos reflejan una elevada prevalencia de conflictos y un incremento sostenido del acoso escolar.
Según una investigación presentada en noviembre de 2025 sobre vulnerabilidad emocional, los casos de acoso detectados aumentaron un 6% respecto al curso anterior. En este análisis, realizado sobre una muestra de más de 15.000 estudiantes, casi la mitad del alumnado (el 48,4%) afirmó haber sufrido algún tipo de acoso escolar presencial. Otras investigaciones, como la realizada por la Cátedra de Inteligencia Emocional de la UNED Pamplona y la Fundación Caja Navarra, elevan esta cifra hasta el 54% de los estudiantes de Primaria y Secundaria que manifiestan haber padecido conductas de bullying físico, verbal o psicológico.
Lo más alarmante, no obstante, es el perfil del agresor. Los datos del curso 2024-2025 indican que un 46% del alumnado reconoce haber protagonizado alguna conducta de maltrato entre iguales, lo que supone un salto de más de diez puntos respecto al 32% registrado apenas dos años antes. Esta tendencia creciente es la que ha empujado a Educación a endurecer las consecuencias para quienes quiebren la convivencia.
Salud mental y nuevas formas de violencia
Más allá de las sanciones, el decreto destaca por su enfoque preventivo y su modernización terminológica. Por primera vez en la historia de la normativa navarra, se incluyen la salud mental y el malestar socioemocional como factores intrínsecamente ligados a la convivencia escolar. Se reconoce así que el estado emocional del alumnado es el motor de sus interacciones y que su cuidado es vital para evitar el conflicto.
El texto también realiza un esfuerzo por definir y diferenciar con claridad qué es un conflicto puntual y qué constituye acoso, una distinción fundamental para aplicar las medidas adecuadas. Asimismo, la norma se adapta a la realidad social actual e introduce protocolos específicos para combatir violencias específicas que antes no estaban tan detalladas, como la violencia racial o xenófoba, la LGTBI+fobia y la discriminación por motivos de discapacidad.
Un protocolo de intervención más ágil
El nuevo marco regulador prevé la creación de un protocolo de evaluación e intervención inmediata ante cualquier sospecha de acoso. Este mecanismo se activará en el momento en que cualquier miembro de la comunidad educativa -ya sea docente, alumno o familia- comunique una posible situación anómala. Este procedimiento dejará de ser una actuación aislada para formar parte estructural del Plan de Convivencia integrado en el Proyecto Educativo de cada centro escolar navarro.