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La concejal de Urbanismo del ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez (PP), ha anunciado su dimisión un día después de que se conociera que fue adjudicataria de una vivienda pública en la Playa de San Juan. Este hecho ha provocado la apertura de una investigación por posibles irregularidades en la concesión.
Gómez, actualmente de baja por maternidad, aclaró que se inscribió en la cooperativa de viviendas antes de entrar en política y que se aparta para que la investigación pueda desarrollarse sin interferencias.
Contexto y respuestas institucionales
La adjudicación de viviendas sociales también afectó a un arquitecto municipal y familiares de un alto cargo del ayuntamiento, María Pérez-Hickman. El alcalde, Luis Barcala, explicó que Gómez obtuvo la condición de adjudicataria cinco años antes de su entrada en política y aseguró que no intervino en decisiones relacionadas con el proceso.
El alcalde anunció un expediente de averiguación de hechos y afirmó que actuará con máxima contundencia, incluso llevando el caso a Fiscalía si se detecta irregularidad.
Reacciones políticas y sociales
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (PP), sostuvo que los adjudicatarios cumplían los requisitos, aunque calificó la situación como "muy grave". La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, instó al alcalde a asumir responsabilidades y denunció un posible uso indebido del poder. Por su parte, el grupo socialista municipal anunció que llevará el caso a la Agencia Antifraude, calificándolo como el mayor escándalo en la ciudad en un momento de grave crisis habitacional.