Bizkaia

"Después de 15 años nos reclaman 60.000 euros más por nuestra vivienda"

Dieciocho familias de Sukarrieta, que compraron sus viviendas en 2011, se enfrentan a una reclamación por una deuda urbanística de la promotora que consideran que no les corresponde asumir
Son dos bloques las viviendas afectadas / Cedida

Lo que debía ser el hogar en el que construir un proyecto de vida se ha convertido, más de una década después, en una fuente de preocupación para los vecinos de Arrospe, en Sukarrieta. Las familias se enfrentan a una reclamación de entre 50.000 y 60.000 euros por vivienda, una cantidad que consideran injusta y que, para muchas de ellas, resulta inasumible. «Es una situación totalmente injusta que nos ha sobrevenido y que no tiene ningún sentido que tengamos que pagar», lamentan los afectados.

El conflicto se remonta a 2011, cuando se construyeron 18 viviendas en dos edificios mediante una promoción en régimen de cooperativa impulsada por la constructora Ensanche 2000 y financiada por Laboral Kutxa. Una vez vendidas las casas, la cooperativa se disolvió y los compradores continuaron con sus vidas convencidos de que todo estaba en orden.

Sin embargo, tras el fallecimiento del constructor, salió a la luz una deuda pendiente por gastos de urbanización vinculados a la Junta de Concertación, en la que participaban Laboral Kutxa, una familia propietaria de terrenos y el Ayuntamiento. La cantidad, que inicialmente rondaba los 25.000 euros por vivienda, ha aumentado hasta situarse actualmente entre 50.000 y 60.000 euros, según la estimación de la abogada de los vecinos.

La reclamación ha terminado recayendo sobre las 18 familias afectadas, que sostienen que compraron sus viviendas para iniciar su proyecto de vida y que no deben responder por unas obligaciones que correspondían a la promotora. Cabe señalar que, alrededor del 90% de los afectados son clientes de Laboral Kutxa, donde tienen sus hipotecas y otros productos financieros, y que mantiene, a través de su área inmobiliaria, la exigencia de pago.

Un conflicto que puede durar años

En el recorrido judicial, la Junta de Concertación solicitó el pago de la deuda. Y, aunque el Ayuntamiento no prosiguió con la petición, tras conocer sobre quién recaería el pago, la solicitud siguió su curso y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dio la razón a la Junta de Concertación. La entidad financiera, que mantuvo la petición, exige ahora que se ejecute la sentencia, mientras las familias han recurrido al Tribunal Supremo. Su defensa cuestiona, entre otras cuestiones, la vigencia de la escritura en la que se fundamenta la reclamación.

La abogada advierte de que el procedimiento podría prolongarse hasta cinco años y apela al «sentido común» para alcanzar un acuerdo que beneficie a todas las partes. "La incertidumbre de no saber lo que va a pasar es lo que peor llevamos, porque evidentemente, no disponemos de esa cantidad de dinero", lamentan las familias afectadas.

Por su parte, el Ayuntamiento de Sukarrieta considera que los vecinos se encuentran en una situación injusta y reconoce que actuaron de buena fe. El Consistorio atribuye el origen del problema a la gestión de la promotora, que habría dejado pendientes gastos de urbanización que deberían haberse sufragado con los ingresos de la promoción.

Para buscar una salida, el Ayuntamiento ha planteado modificaciones en el nuevo Plan General que permitirían aumentar el aprovechamiento urbanístico de una parcela y desarrollar una nueva zona comercial y residencial. El Consistorio asegura que las negociaciones estuvieron cerca de fructificar, pero la sentencia judicial alteró el escenario y echa de menos "una actitud constructiva por parte de Laboral Kutxa".

Mientras tanto, las familias siguen pendientes de un conflicto que amenaza su tranquilidad económica. Para quienes tienen hipotecas, menores a su cargo y otros muchos gastos, afrontar una factura de decenas de miles de euros supone una carga difícil de asumir.

Detrás de las sentencias y los expedientes urbanísticos hay hogares que hoy se preguntan por qué deben pagar las consecuencias de un problema que, evidentemente, no han provocado.

21/11/2026