En un clima de incertidumbre ante el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción anunciado por Tubos Reunidos, la plantilla de la factoría de Amurrio ha decidido iniciar movilizaciones contundentes con la convocatoria de dos jornadas de huelga de 24 horas. Sin embargo, la unidad de acción ha mostrado sus primeras fisuras, ya que la propuesta de paro no ha salido adelante en la planta de Trapagaran, donde la representación sindical ha preferido esperar a conocer los detalles del ajuste.
Calendario de movilizaciones en Amurrio
Tras un encuentro que se prolongó durante tres horas en la planta vizcaína, el comité de Amurrio ratificó las jornadas de huelga con los votos a favor de las centrales ELA, LAB y ESK. El objetivo de estas medidas de fuerza es mostrar un rechazo frontal a los despidos previstos en un momento clave del proceso de negociación que ahora se abre.
La primera jornada de huelga total se llevará a cabo el próximo lunes 9 de febrero,. Esta fecha reviste una importancia estratégica, ya que coincide con la reunión oficial en la que la dirección de Tubos Reunidos tiene previsto desgranar y concretar ante los representantes de los trabajadores los detalles y el alcance real del ERE, incluyendo el número definitivo de trabajadores afectados,.
El segundo paro de 24 horas tendrá lugar el viernes 13 de febrero. Esta movilización busca ejercer presión política, pues coincidirá con una reunión institucional ya programada entre la Diputación Foral de Álava, el Gobierno vasco y la dirección de la empresa. Los sindicatos pretenden que las instituciones públicas no permanezcan ajenas a la destrucción de empleo en un sector industrial estratégico.
Trapagaran se desmarca de la huelga
A pesar de que el ERE afecta a todo el grupo, la realidad interna de las factorías ha dictado ritmos distintos. En Trapagaran, la iniciativa de huelga solo contó con el respaldo de ESK y LAB, lo que impidió que la propuesta prosperara en dicho comité. La mayoría de la representación sindical en la planta vizcaína ha optado por la prudencia, prefiriendo no convocar paros hasta disponer de la documentación concreta y conocer el impacto preciso que el expediente tendrá sobre su plantilla.
Desde centrales como UGT, se ha manifestado que su postura actual es de espera hasta la reunión del día 9, aunque abogan por mantener la unidad de acción sindical para poder responder de manera conjunta y contundente una vez que la empresa ponga las cifras de despidos sobre la mesa. Por su parte, desde LAB, su delegado en Amurrio, Oier Bodaurrazaga, ha mostrado una oposición "frontal" a la destrucción de puestos de trabajo, alertando de que el ajuste no solo golpeará a los empleados directos, sino también a las subcontratas y a la economía de las comarcas afectadas.
Constitución de la mesa negociadora conjunta
A pesar de las discrepancias sobre el calendario de huelgas, la reunión de este lunes sí permitió alcanzar un consenso fundamental: la creación de una mesa negociadora conjunta por la parte sindical para afrontar el periodo de consultas del ERE. Esta delegación, que representará a los cerca de 1.400 empleados que componen la plantilla global, estará integrada por 13 delegados.
La composición de la mesa, basada en la representatividad de cada sindicato, otorga un papel predominante a la mayoría de la planta alavesa. La distribución queda configurada con ocho delegados pertenecientes a la planta de Amurrio, y cinco delegados pertenecientes a la planta de Trapagaran.
En cuanto a las siglas sindicales, ELA encabezará la representación con cinco miembros, seguida de UGT con tres, LAB y CCOO con dos representantes cada uno, y finalmente ESK con un delegado. El presidente del comité de Amurrio, Andrés García, ha subrayado que el compromiso de todos es afrontar este diálogo desde la unidad, a pesar de que los comités aún no disponen de la documentación técnica del ERE.
Un contexto económico marcado por los aranceles
La sombra del ajuste laboral, que según estimaciones sindicales podría afectar al menos a 130 trabajadores, responde a una situación financiera que los representantes de la plantilla califican de "coyuntural", defendiendo en todo momento que la empresa es totalmente viable.
Sin embargo, los datos económicos del último ejercicio reflejan la dureza de la crisis exterior. Tubos Reunidos cerró el primer semestre del año pasado con pérdidas que superaron los 28 millones de euros. El principal desencadenante ha sido la política comercial de los Estados Unidos. La administración de Donald Trump elevó los aranceles al acero hasta el 50%, lo que ha bloqueado el acceso de la compañía vasca a su mercado principal, donde concentraba la mitad de su facturación. A este bloqueo comercial se suma la fuerte deuda que el grupo arrastra desde hace años, lo que ha llevado a la dirección a plantear este despido colectivo.
Ante este escenario, los sindicatos han hecho un llamamiento directo a las instituciones que financian a estas empresas con dinero público para que ejerzan una labor de fiscalización rigurosa y eviten que se ejecuten despidos traumáticos en el tejido industrial vasco.