El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha sancionado con 64 millones de euros a la plataforma 'online' de alquiler de viviendas turísticas Airbnb por, entre otros motivos, publicar anuncios de alojamientos sin licencia, según ha informado este lunes el departamento encabezado por Pablo Bustinduy.
La resolución es firme y agota la vía administrativa, tras haberse resuelto el recurso de alzada interpuesto ante el ministro de Consumo. El fallo incluye, además, dos sanciones accesorias que obligan a la plataforma a rectificar los incumplimientos detectados, eliminando los contenidos ilícitos publicados y haciendo pública la multa impuesta.
Las infracciones de la normativa de consumo --identificadas en un total de 65.122 anuncios en Airbnb y que han dado lugar a esta resolución-- han consistido en prácticas comerciales desleales con los consumidores y usuarios.
En concreto, Consumo se ha referido a la publicación de anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, contraviniendo las obligaciones impuestas por la mayoría de las normativas autonómicas, que exigen indicar el número de registro en la publicidad.
También ha mencionado anuncios que usan números de licencia o registro falsos o incorrectos, así como aquellos sin información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, lo que constituye publicidad engañosa.
Por ello, se ha impuesto una sanción por infracción grave por importe de 64.055.311 euros, cantidad que, según Consumo, equivale "a seis veces el beneficio ilícito" obtenido por Airbnb como consecuencia de estas prácticas, mantenidas desde el apercibimiento formulado por el Ministerio hasta la retirada de los anuncios. En este contexto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había respaldado previamente la orden de retirada dictada por el Ministerio en distintos autos.
Incumplimiento del régimen de contratos a distancia
El Ministerio también ha identificado una infracción por incumplimiento del régimen y obligaciones de los contratos celebrados a distancia, al omitir información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión del alojamiento turístico anunciado. Se trata de una infracción leve, sancionada con 10.000 euros.
Asimismo, ha señalado la obstrucción o negativa a facilitar información durante la instrucción del expediente, ya que la plataforma no respondió a los requerimientos de Consumo, otra infracción leve sancionada con 10.000 euros.
Por último, se ha apuntado el incumplimiento de los deberes y prohibiciones impuestos mediante órdenes o medidas provisionales del órgano instructor --dictadas para evitar riesgos o perjuicios a los consumidores durante la tramitación del expediente--, una infracción grave sancionada con 55.000 euros.
Expedientes a agencias inmobiliarias
En el ámbito de la vivienda, el Ministerio ha recordado que mantiene distintos expedientes sancionadores contra agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas hacia inquilinos en la gestión del alquiler. Todas estas actuaciones se enmarcan en el objetivo fijado por Pablo Bustinduy de contribuir a atajar la crisis de la vivienda en España, uno de los principales problemas del país.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy
Bustinduy ha declarado que "hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares", y ha subrayado que "ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, puede estar por encima de la ley".
"Erradicar prácticas abusivas"
El ministro ha advertido este lunes de que su departamento cursa otros expedientes sancionadores similares al ejecutado contra la plataforma en línea de alquiler de viviendas turísticas Airbnb, multada con más de 64 millones de euros.
Bustinduy no se ha podido pronunciar sobre las empresas que pudieran estar inmersas en los citados nuevos expedientes sancionadores, pero ha afirmado que "responden al mismo propósito sobre la erradicación de las prácticas abusivas" en materia de vivienda.
Anuncios ilegales
Por su parte, el ministro ha asegurado, sobre la sanción a Airbnb, que los 65.122 anuncios irregulares que han motivado la actuación ya no existen y que fueron retirados en su momento de la plataforma. "Esta sanción demuestra que los poderes públicos actúan con determinación y que ningún actor económico puede eludir sus obligaciones", ha señalado Bustinduy. "Las prácticas de especulación están secuestrando el derecho constitucional a la vivienda", ha declarado.
El titular de Consumo ha recordado que en octubre de 2024 la Dirección General notificó a la plataforma la existencia de publicidad ilícita. Ante su inacción, ha relatado que, en diciembre de ese mismo año, el ministerio procedió a la incoación del expediente sancionador. Airbnb recurrió ese expediente y, posteriormente, el Tribunal de Justicia de Madrid respaldó las actuaciones del Ministerio.
Lucrarse con la vivienda
Con respecto a la cuantía de la sanción, Bustinduy ha indicado que ésta responde al tiempo que estuvo publicado el contenido ilícito en la plataforma. El ministro ha reiterado que esta sanción "es un mensaje muy claro a todos los operadores económicos que intentan lucrarse en el ámbito de la vivienda" y ha insistido en la "total determinación" del Gobierno por "erradicar esos comportamientos".
El Ministerio de Consumo ha sancionado con 64 millones de euros a Airbnb por, entre otros motivos, publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia. La resolución es firme y agota la vía administrativa después de haberse resuelto el recurso de alzada interpuesto ante el ministro de Consumo. No obstante, Airbnb podrá recurrir la sentencia ante una instancia superior.
Bustinduy ha aprovechado su comparecencia para urgir a que, para 2026, se haga efectiva una prórroga de los contratos de alquileres que vencen tras los 5 años mínimos a los que obliga la ley, con el fin de "favorecer" a más de 1,2 millones de personas. También ha comentado que su deseo es "acabar con lo alquileres de temporada".