Cinco años después de que el pequeño Iurgi Beraza Uriarte perdiera la vida tras un atropello en Aulesti, sus padres, Josu Beraza y Miren Agurtzane Uriarte, han decidido poner punto final a su batalla en los juzgados. A pesar de haber logrado una sentencia condenatoria contra la aseguradora -algo menos de 219.000 euros que solicitaron en el juicio-, la familia ha emitido un comunicado en el que expresan una "firme discrepancia" con un proceso que consideran insuficiente y alejado de la realidad de lo sucedido aquel mayo de 2020. “Por un lado la hemos recibido bien, porque se demuestra la culpabilidad, pero seguimos enfadados porque no se ha investigado todo lo necesario para saber la verdad”, reconoce el padre, Josu Beraza, que insiste en que la familia siempre ha buscado esclarecer lo ocurrido.
El núcleo de la queja familiar reside en la actuación policial. Según relatan, el atestado original calificó el atropello como una "fatal desgracia" sin realizar una investigación técnica exhaustiva. Los padres destacan la existencia de informes periciales contradictorios sobre elementos tan básicos como la velocidad del vehículo o la dinámica del impacto. Además, mantienen sus críticas a la actuación de la Ertzaintza durante la investigación y cuestionan la imparcialidad del agente instructor.
Pese a que la propia sentencia reconoce la existencia de versiones contradictorias y un contexto de incertidumbre, los padres han anunciado que no recurrirán. No es una decisión basada en la conformidad, sino en la "necesidad humana" de poner fin a un proceso que definen como "emocionalmente devastador".
Reconstruir sus vidas
Tras un lustro de "periplo judicial", la familia Beraza Uriarte considera que ha llegado el momento de intentar reconstruir sus vidas y dedicar sus energías a iniciar el duelo por su hijo, algo que consideran incompatible con la prolongación de los plazos judiciales. “Han sido casi seis años de calvario, tocando una puerta y otra”, resume el padre, que admite que la sentencia supone también “un descanso” tras una etapa de “agonía día tras día".
La nota remitida a DEIA concluye con un llamamiento a las instituciones para que las investigaciones en accidentes con fallecidos —especialmente cuando se trata de menores— se desarrollen con el máximo rigor y transparencia, evitando que otras familias atraviesen el mismo sentimiento de injusticia. La familia insiste en que el caso deja cuestiones sin resolver y subraya la necesidad de que situaciones similares se investiguen “con mayor profundidad”.
Con una frase que resume su lucha, los padres han querido recordar que el nombre de su hijo no es un número de expediente: "Iurgi no fue una cifra ni un expediente. Fue un niño, un hijo, y su memoria merece verdad, respeto y justicia".