En una declaración contundente desde China, donde realiza un viaje oficial, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha emitido su "más rotundo rechazo" a las actuaciones del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, reveladas en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Chivite ha subrayado un principio ético fundamental en su condena: "A la política se viene a servir, no a servirse".
La líder del Ejecutivo foral ha insistido en que estos comportamientos deben estar "alejados de la política". Además, como secretaria general del PSN, Chivite ha manifestado su "desconocimiento" sobre las acciones personales de Cerdán, señalando que las revelaciones apuntan a una "actuación personal" y sus redes familiares, desvinculando categóricamente los sucesos del proyecto político o del partido. El PSN, ha reiterado, ya ha mostrado su "rechazo más absoluto" a esta utilización de la actividad pública.
Blindaje ante la investigación de Belate
La reacción de Chivite se produce tras conocerse el nuevo informe de la UCO, que sugiere al magistrado instructor del Tribunal Supremo que las obras de los túneles de Belate "podrían ser incorporadas" al conjunto de adjudicaciones bajo investigación en la causa especial.
Frente a esta posibilidad, la presidenta ha sido taxativa al afirmar que el documento de la Guardia Civil "en nada señala" al Gobierno de Navarra en relación con "ilegalidades, en delitos o en corrupción". Ha aseverado con firmeza que no se "imputa o se investiga a ningún miembro del Gobierno de Navarra".
"Total colaboración" con la Justicia
En un ejercicio de transparencia y seguridad, Chivite ha ofrecido "total colaboración" a la Justicia si el juez finalmente optase por investigar la obra de Belate. La presidenta ha recalcado que el Gobierno fue el primero en tomar medidas proactivas, encargando auditorías tanto internas como externas. Además, el Ejecutivo navarro está colaborando activamente con la comisión de investigación abierta en el Parlamento Foral.
Chivite defiende la solidez de la gestión, manifestando su "convencimiento" de que no ha existido "corrupción ni delito alguno" por parte de ningún consejero, consejera o de la propia presidenta en la adjudicación de esta obra pública. Respecto a los detalles internos, ha apuntado que el informe de la UCO sobre Belate no desvela "ningún detalle que no se haya conocido hasta ahora" en cuanto a los votos particulares emitidos por la parte jurídica de la mesa de contratación.
Mordidas del 2%
El informe de la UCO que ha provocado las declaraciones de Chivite contextualiza el presunto esquema de corrupción en torno a Santos Cerdán y la constructora Acciona. Según la Guardia Civil, Cerdán habría actuado como "el enlace" con Acciona a través de la empresa Servinabar.
La operativa sospechosa implicaba una supuesta "mordida" del 2% del valor de las obras. La UCO calcula que esta cantidad ascendió a más de 6,7 millones de euros, constituyendo el 75,33% de los ingresos totales de Servinabar desde su creación, consolidando esta relación como su "principal fuente de financiación".
El vínculo se remonta a 2015 con un "acuerdo de colaboración" entre Servinabar y un directivo de Acciona. Los agentes de la Guardia Civil consideran que este pacto fue la base para una estructura posterior "personal e informal". El informe revela un alto grado de sofisticación en las comunicaciones, que incluían medidas de seguridad extraordinarias: se apagaban los teléfonos móviles, se utilizaban aplicaciones de mensajería encriptada como Threema para garantizar el anonimato y se recurría a "anotaciones manuscritas mostradas en pantalla" durante las videoconferencias.
El hallazgo de un contrato privado de 2016 donde Cerdán adquiría el 45% de Servinabar, junto con los beneficios que él y su "entorno familiar" habrían obtenido de la empresa (mediante cobro de nóminas, alquileres y una tarjeta de crédito), son suficientes indicios para la UCO de que Cerdán se benefició económicamente del patrimonio de la entidad. La investigación se centra en proyectos concretos licitados alrededor de 2019, involucrando obras en Logroño, Sevilla y Sant Feliú de Llobregat.
El magistrado instructor del caso en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha actuado con celeridad, citando a tres investigados vinculados con Acciona tras el levantamiento parcial del secreto de las diligencias, convencido de que la fase más sensible de la operación ha concluido. El análisis de dispositivos y la documentación incautada buscan verificar ahora si de esos proyectos derivaron presuntos pagos al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García.