Caso Plus Ultra: hasta Zapatero y más allá

Actualizado hace 11 minutos

El pasado 19 de mayo, cuando en Ferraz aún estaban rumiando el batacazo sufrido solo dos días antes por María Jesús Montero en las elecciones autonómicas andaluzas, en las que el PSOE firmó, con 28 diputados, su peor resultado histórico, una nueva sacudida hizo tambalear los cimientos de la sede socialista. La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, ligados al cobro de comisiones ilegales en el marco del rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea Plus Ultra en 2021, fue un torpedo en la línea de flotación de un partido que ya sufría numerosas vías de agua en forma de causas judiciales vinculadas a la corrupción. El predicamento que el expresidente, 15 años después de dejar paso en la Moncloa al popular Rajoy, seguía teniendo en el PSOE como referente ético e ideológico multiplicó el efecto del golpe, más insoportable cuantos más detalles del auto del juez José Luis Calama se han ido desgranando en unas semanas en las que solo la prevalencia adquirida por el caso Leire Díez ha solapado ese dolor. Sin embargo, la próxima comparecencia de Zapatero en la Audiencia Nacional, citado a declarar el miércoles y el jueves, devuelve al primer plano un proceso histórico, al tratarse del primer expresidente español encausado por un tribunal.

El conocido como caso Plus Ultra tiene su origen en 2021, cuando el PP y Vox se adhirieron a una querella del sindicato ultra Manos Limpias por el rescate público de 53 millones a favor de la aerolínea Plus Ultra, en el marco de las ayudas destinadas por el Gobierno a empresas afectadas por la pandemia de covid. La jueza Esperanza Collazos abrió diligencias previas contra el consejo de administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por diversos delitos, entre ellos los de malversación y fraude de subvenciones. Dos años después, en 2023, las archivaba al no apreciar indicios de delito, determinando que el préstamo cumplía con la legalidad.

Sin embargo, unas Órdenes Europeas de Investigación (OEI) cursadas por las autoridades francesas y suizas hicieron que el caso reviviera en 2024. En ellas se requería al Estado español ayuda para indagar sobre una presunta red de blanqueo de capitales que tenía en este territorio su centro de operaciones. La información hablaba de conexiones con empresarios venezolanos para desviar fondos públicos de aquel país e incluso para vender oro del Banco de Venezuela. Posteriormente, un entramado de empresas ubicadas en diferentes países se encargaba de lavar el dinero sin dejar rastro.

Las autoridades de Francia y Suiza ponían la lupa sobre la aerolínea española Plus Ultra, que según sus pesquisas había recibido préstamos de varias sociedades financieras que, posteriormente, devolvió íntegramente. A la vista de los indicios, la Fiscalía Anticorrupción española pidió al juzgado de instrucción 15 de Madrid presidido por la jueza Collazos, la misma que había archivado un año antes la causa por el rescate de Plus Ultra, que iniciara la correspondiente investigación. Ahí se revela la entidad de una figura clave en esta trama: Rodolfo Reyes Rojas. Los informes policiales sitúan a este empresario venezolano como máximo accionista de facto de la compañía aérea, aunque no figure oficialmente en su estructura.

Reyes, junto a su esposa, María Aurora López, y otros colaboradores se encargaría de que, nada más recibir Plus Ultra el rescate público de 53 millones aprobado por el Gobierno español, casi 16 millones de euros fueran transferidos inmediatamente a sociedades instrumentales de la red ubicadas en países como Panamá, Dubái, Puerto Rico y República Dominicana.

Además, Reyes es el vínculo por el que la investigación alcanza a Zapatero. La Homeland Security Investigations (HSI), agencia dependiente del Gobierno de Estados Unidos dedicada a la delincuencia transnacional, investigaba al empresario venezolano por blanqueo de capitales cuando, en 2021, en una operación contra el contrabando, obtuvo una extracción de mensajes de su móvil, que incluían instrucciones para mover fondos ilícitos, gestionar préstamos de rescate y coordinar pagos ilegales. Pero no fue hasta hace apenas tres meses, transcurridos cinco años de su obtención, cuando la HSI trasladó dicha información a la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional (UDEF) al considerar que se trataba de material probatorio que podría “tener relevancia para la investigación española relativa a Plus Ultra“, según revela el auto de Calama. El magistrado ha solicitado a la Administración Trump la autorización para utilizar la clonación del móvil de Reyes como “medio de prueba con plenos efectos procesales” de cara a evitar nulidades en el proceso que afecta a Zapatero. Pero la defensa de este último ha contraatacado solicitando al juez Calama información sobre cómo Estados Unidos obtuvo el volcado del teléfono y así disponer de datos sobre la autenticidad de las comunicaciones, la cadena de custodia y el propio acceso a las mismas, así como respecto al intercambio de esa información entre los órganos policiales, “sin intervención judicial conocida”.

Y es que en esos mensajes aparecían menciones a Zapatero. En uno de los más comentados, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, presidente y consejero delegado de Plus Ultra, respectivamente, le hablan a Reyes de una reunión mantenida con Pedro Saura, actual presidente de Correos y por entonces secretario de Estado de Transportes, siendo ministro en aquella época José Luis Ábalos. “Se notaba que nos han recibido por altas recomendaciones”, apuntaban los directivos de la aerolínea, añadiendo que el papel del ministerio sería “hablar bien” de la compañía ante el SEPI para que les conceda la ayuda. A ello, Reyes responde: “Sí, bro. Nuestro pana Zapatero detrás”. 

El empresario Julio Martínez, en su comparecencia el pasado mes de abril en la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado. Europa Press

En otro mensaje, Roselli le relataba a Reyes que no hablaba directamente con Zapatero, sino a través de “un lacayo”. Este no era otro que Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente como este mismo no ha tenido reparo en reconocer, detallando que solían salir a correr juntos. Este empresario alicantino, en base a lo reflejado en el sumario, era el beneficiario de un contrato firmado por Plus Ultra que le asignaba una comisión de un 1% de los 53 millones del rescate de la aerolínea: 530.000 euros que canalizó a través de una sociedad offshore de Dubái.

Julito, como es conocido Julio Martínez en su entorno más cercano, fue detenido el 11 de diciembre de 2025 por la UDEF, que ese mismo día arrestó también a su “tocayo” -así aparecía mencionado en algún mensaje- Julio Martínez Sola y a Roselli y registró la sede en Madrid de Plus Ultra. Todo ello bajo la sospecha de un delito de blanqueo de capitales y por orden de la jueza Collazos, que por entonces aún instruía el caso. Sin embargo, la aparición en escena de Zapatero como presunto implicado en la trama hizo, por la dimensión de su figura, que la causa fuera a parar a la Audiencia Nacional.

En el mensaje en el que se refería a Julio Martínez Martínez como el “lacayo”, Roselli informaba a Reyes de que el amigo de Zapatero había montado su “finance boutique” y añadía que “por ahí vendrá la mordida”. Esa “finance boutique” a la que aludía era Análisis Relevante, una consultoría fundada por Julito en febrero de 2020. Esta empresa, a la que el auto de Calama señala como el eje de esta turbia trama, no solo cobró 72.600 euros en concepto de asesoramiento, sino que también abonó 490.780 euros entre 2020 y 2025 a Rodríguez Zapatero por sus servicios como consultor. Precisamente, una de las tareas que tiene por delante el magistrado que instruye la causa es discernir si los informes escritos y orales -según algunas fuentes, sospechosamente breves y simples- que el propio Zapatero admite haber realizado para Análisis Relevante justificaban las cantidades probadas o, como intuye la Audiencia Nacional, no son más que una tapadera para encubrir los pagos por poner su influencia al servicio de la trama.

Una de las hijas de Zapatero, en el registro de su agencia de marketing Whathefav. Europa Press

La consultoría de Julito también pagó cerca de 240.000 euros entre 2020 y 2024 a Whathefav, agencia de marketing que tiene como administradoras a las dos hijas de Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa. Lo hizo, supuestamente, en contraprestación al diseño y ejecución de un programa de marketing y a trabajos de maquetación de los informes elaborados para Análisis Relevante por el expresidente. El PP, que lidera las acusaciones particulares del caso, ha pedido al juez la imputación de las hijas de ZP.

La UDEF y el juez Calama examinan Whathefav como una presunta “sociedad instrumental” para canalizar fondos de una trama que, según la Fiscalía Anticorrupción, con la concesión del rescate de 53 millones a Plus Ultra no habría buscado prioritariamente sacar a flote la aerolínea, sino obtener “dinero público limpio” para limpiarlo haciendo una labor de “pseudobanco”, según explica la Fiscalía.

Vienen "curvas"

La causa también ha dado pie a que, desde el ámbito del PSOE, se hable de un ataque organizado contra el Gobierno, sobre todo teniendo en cuenta la acumulación de procesos judiciales que afectan al partido y a su líder, Pedro Sánchez. El más rotundo fue el ministro de Transportes, Óscar Puente, que denunció el uso de “mañas” y “métodos no democráticos” para intentar derribar al Gobierno. Una conspiración que han alimentado los spoilers realizados por personalidades destacadas del PP, como Isabel Díaz Ayuso, que el pasado mes de enero ya le auguraba “curvas” a Zapatero al avanzar que un juez estadounidense le estaba investigando por su “mediación en rescates de aerolíneas”. O el mismo Alberto Núñez Feijóo, que justo una semana antes de que el juez Calama levantara el secreto del sumario en el que imputaba a Zapatero adelantaba: “Pronto se sabrán cosas sobre él”.

A Ayuso, Feijóo y Santiago Abascal les ubicó el diputado de Sumar Enrique Santiago en la Embajada de Estados Unidos, asegurando que la habían visitado el pasado mes de mayo para recibir instrucciones. La demora de cinco años entre la obtención, por parte de Washington, de las conversaciones que supuestamente incriminan a Zapatero, cuando aún era presidente Biden, y su entrega hace tres meses a la justicia española, con Trump echando pestes del Gobierno de Sánchez, ha contribuido a que más de uno vea la alargada mano de la Casa Blanca sumándose al sonado “el que puede hacer, que haga” recuperado recientemente por José María Aznar. 

A por Sánchez

Y es que, al igual que las extensas e intrincadas ramificaciones internacionales del caso Plus Ultra lo convierten en algo más que un caso Zapatero, por mucho que Calama lo señale como líder de la trama corrupta, la derecha representada por PP y Vox se afana en que las implicaciones políticas vayan también más allá del expresidente y alcancen de lleno al actual inquilino de la Moncloa, un Pedro Sánchez que no da abasto para intentar apagar los fuegos que le asedian.