La Comisión Europea decidió este miércoles llevar al Estado español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no reconocer las cualificaciones de los traductores e intérpretes jurados de otros países del bloque comunitario.
Bruselas reprocha a Madrid no ajustar sus reglas a la Directiva sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales ni a los artículos 45 y 49 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), que garantizan la libre circulación de profesionales y trabajadores dentro del bloque.
En concreto, el incumplimiento afecta a los profesionales plenamente cualificados en otro Estado miembro que quieren establecerse de forma permanente en España o prestar servicios transfronterizos de forma temporal como traductores o intérpretes jurados.
Sanciones económicas
El Estado español debía haber adaptado su legislación a esta directiva, vigente desde 2005, antes de octubre de 2007. Aunque el país aprobó sucesivas normas para transponerla, la Comisión considera que esos cambios no bastan para ajustar el reconocimiento de traductores e intérpretes jurados a las exigencias comunitarias.
La Comisión ya había enviado a España una carta de emplazamiento y un dictamen motivado en 2019, los dos primeros pasos del procedimiento de infracción, sin que Madrid introdujera los cambios normativos necesarios. Si Madrid continúa incumpliendo, la justicia europea podría imponer sanciones económicas.
La directiva comunitaria permite a los profesionales cualificados en un Estado miembro ejercer la misma profesión regulada en otro sin repetir su formación, mediante dos vías: un reconocimiento automático para profesiones con requisitos armonizados en toda la UE, como medicina o arquitectura, y un sistema general que cubre otras profesiones reguladas, entre ellas la traducción e interpretación juradas, a la que no se aplica el reconocimiento automático.