Bizkaia no cobrará por servicios de bomberos en rescates, incendios de vivienda o emergencias colectivas

La Diputación de Bizkaia ha aprobado este jueves el proyecto de nueva norma foral para regular las tasas del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento y que supondrá que queden exentos de pago los casos de riesgo vital urgente o de especial sensibilidad social, como rescates de personas o animales, incendios en viviendas, conductas suicidas, intervenciones con fallecimientos o emergencias colectivas con víctimas.

La Diputación pretende "adecuar el marco normativo a las necesidades operativas, económicas y sociales actuales". Según ha explicado, la normativa vigente en esta materia data de 1990 y su última revisión de 2013, por lo que se encuentra "claramente desactualizada" en relación con el contexto y la tipología de intervenciones que se realizan en la actualidad.

El nuevo texto establece un marco tarifario "basado en criterios técnicos homogéneos", contempla "los costes reales" de los medios humanos y materiales movilizados, y ofrece "una respuesta clara y proporcionada" a cada tipo de intervención. Así, según ha explicado la portavoz de la Diputación, Leixuri Arrizabalaga, al término del Consejo de Gobierno, la norma precisa qué actuaciones pueden generar tasa, quién debe asumirla y en qué casos se establecen exenciones. "Se basa en el tiempo real de intervención y en los recursos utilizados sin importar dónde ocurra el incidente. Con ello, se evitan diferencias entre zonas rurales y zonas urbanas", ha destacado.

Servicios gratuitos

La propuesta contempla que queden excluidas del cobro de tasas "muchas de las actuaciones que afectan a la vida y a la integridad de las personas", de manera que "no se cobrarán los rescates de personas ni animales ni incendios en viviendas, actuaciones ante intentos suicidas o intervenciones con fallecimientos" ni tampoco en los casos de emergencias colectivas con víctimas.

La portavoz foral Leixuri Arrizabalaga ha precisado que estas actuaciones representan "una parte importante de las cerca de 7.000 salidas anuales del servicio" y quedarán "libres de tasas salvo en casos de negligencia grave o dolo demostrado". En palabras de la portavoz foral, su gratuidad refleja el principio de atención pública prioritaria ante situaciones críticas" y el objetivo es "evitar añadir una carga económica a situaciones ya de por sí traumáticas para la ciudadanía".

La aplicación de tasas se concentrará en intervenciones que no implican riesgo vital o que, por su naturaleza, suponen un beneficio para empresas que deben tener cubiertos estos riesgos y aseguradoras.
Entre estos casos se incluyen incendios en instalaciones industriales, accidentes de tráfico, servicios técnicos a demanda, fugas en todo tipo de instalaciones, vertidos de sustancias peligrosas, o simulacros de seguridad organizados por empresas.

Desde la Diputación han subrayado que "este enfoque permite reforzar la sostenibilidad del sistema sin penalizar a la ciudadanía, incentivar la prevención y evitar usos indebidos del servicio público de emergencias". También se pretende promover "una mayor corresponsabilidad por parte de quienes generan determinadas intervenciones o cuentan con coberturas aseguradoras asociadas a los bienes o actividades implicadas".

No busca recaudar más

La nueva norma introduce un método de cálculo "simplificado y objetivo", basado en los tiempos efectivos de intervención y el tipo de recursos empleados, independientemente del lugar en el que se produzca el incidente, lo que, además de eliminar "posibles agravios comparativos", dota al sistema de "una mayor transparencia y previsibilidad".

Los importes se determinan aplicando una fórmula técnica con coeficientes que reflejan de forma objetiva la duración y el tipo de servicio prestado y, además, se han definido tramos horarios y valores de referencia para cada tipo de intervención.

La portavoz foral ha insistido en que, con estas modificaciones, no se "busca recaudar más". En la actualidad la recaudación por estas tasas representa el 0,5% del presupuesto del SPEIS, que ascendió a 37,6 millones de euros en 2024, y con esta nueva normativa no se espera "un incremento sustancial de ingresos, sino una mejor racionalización del uso de los recursos públicos y una adecuación a la realidad económica actual por razón de la utilización del Servicio por parte de quien debe tener cubiertos estos riesgos".

La norma contempla también exenciones específicas ligadas a la activación de planes de emergencia forales o autonómicos, como inundaciones, incendios forestales o temporales, que, "por su naturaleza calamitosa y su impacto en la población", quedan excluidos del cobro de tasa.

"No penaliza penaliza a la ciudadanía ni a quien sufre una emergencia. Muy al contrario: protege, acompaña y actúa con sensibilidad. Refuerza la calidad del servicio y libera recursos públicos para atender a quien más lo necesita", ha explicado Arrrizabalga.