La Fiscalía Anticorrupción recibió 658 denuncias durante 2025, frente a las 638 contabilizadas el año anterior. Sin embargo, la mayoría relataba hechos que no constituían delito, carecía de indicios mínimos de actividad criminal o se refería a asuntos ajenos a las competencias de este organismo. Los datos aparecen recogidos en la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2025, presentada este jueves durante la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo, la primera con Teresa Peramato al frente del Ministerio Público.
Anticorrupción registró 2.322 documentos de entrada, frente a los 2.615 de 2024, y 2.112 de salida, por debajo de los 2.260 del ejercicio anterior. Aunque las denuncias aumentaron ligeramente, continuaron muy lejos de las 1.814 recibidas en 2023. De las 658 denuncias, 46 fueron inadmitidas directamente por incumplir los requisitos necesarios, 232 quedaron archivadas y 362 fueron remitidas a la fiscalía competente. Solamente 14 motivaron la apertura de diligencias de investigación, mientras que otras cuatro tuvieron una tramitación diferente.
La Fiscalía atribuye parte de la evolución de las denuncias a la aplicación del real decreto aprobado en 2023 para ejecutar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el ámbito de la Justicia y a la Ley de Eficiencia aprobada en 2025.
La mayoría procedía de particulares
Un total de 556 denuncias fueron presentadas por particulares, otras 47 fueron anónimas y 55 procedían de organismos como la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, la Fiscalía Europea, administraciones públicas, partidos políticos, la Guardia Civil, la Policía Nacional y distintas oficinas antifraude.
La Memoria advierte de que los delitos contra la Administración pública “socavan la buena gobernanza” y, cuando constituyen actos de corrupción especialmente relevantes, pueden erosionar las instituciones, el Estado de derecho, la democracia, la igualdad y los derechos fundamentales.
Aumentan los procedimientos judiciales
La actividad de Anticorrupción registró un aumento de los procedimientos penales y un descenso de las diligencias de investigación. El Ministerio Público intervino en 937 procedimientos judiciales, frente a los 915 de 2024 y los 885 de 2023. Durante 2025 se abrieron 23 diligencias de investigación preprocesal, cinco menos que en cada uno de los dos años anteriores. A estas se sumaron las 25 que permanecían en tramitación al finalizar 2024, por lo que Anticorrupción gestionó un total de 48 investigaciones durante el ejercicio.
La Fiscalía considera que la corrupción es un fenómeno de “gravedad objetiva” que pone en peligro el desarrollo, la sostenibilidad y la inclusión de las sociedades. Por ello, defiende extender la especialización del Ministerio Fiscal a todos los delitos relacionados con la corrupción y, en general, a los cometidos contra la Administración pública. El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ya advirtió durante el juicio del denominado “caso mascarillas” de que la corrupción política “está carcomiendo” el sistema democrático y la confianza de la ciudadanía en las instituciones. También criticó a los poderes públicos que normalizan o minimizan estas conductas y desacreditan a quienes tienen la responsabilidad de perseguirlas.