Las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de la COVID-19 sitúan a 199.000 personas en situación de exclusión severa en Euskadi, y profundiza las brechas de desigualdad, que tienen su origen en los ingresos, el género, el origen, la edad y la tecnología.
Así se desprende del informe "Exclusión y desarrollo social en Euskadi", la primera radiografía social completa de la crisis provocada por la pandemia realizada por Cáritas y la Fundación Foessa.
Las personas en situación de exclusión social representan el 16% de la población de la Comunidad Autónoma Vasca, aproximadamente uno de cada seis habitantes. Desde una perspectiva global, se mantienen las tasas elevadas de integración social en un 56%, pero crecen con fuerza las situaciones de exclusión severa en Euskadi, para alcanzar a 199.000 personas.
Dentro de este grupo preocupa especialmente la situación de la población a la que se denomina "sociedad expulsada", aquella que acumula mayor número de problemas, que ocupa el espacio más extremo de la exclusión social severa y que ha pasado de afectar a 20.000 personas en 2018 a más de 100.000 en 2021.
Además, la precariedad laboral durante la crisis sanitaria se ha multiplicado y alcanza a más de 115.000 hogares que dependen económicamente de una persona sustentadora principal que sufre inestabilidad laboral grave. Lo que significa que en el último año ha tenido: tres o más meses de desempleo, tres o más contratos diferentes, en tres o más empresas distintas.
Si en 2018, la proporción de hogares en esta situación era en la CAV de un 2,3% en 2021 alcanza el 12,9%, superando de esta manera la incidencia de estas situaciones en el conjunto del Estado, que afectan a un 10,3% de los hogares.