La tranquilidad en el barrio pamplonés de Azpilagaña volvió a saltar por los aires este martes. Lo que comenzó como una jornada de tensión por la mañana terminó en un despliegue policial masivo al caer el sol. Alrededor de las 19:45 horas, los vecinos del número 11 de la calle Río Alzania fueron testigos de una "gran pelea" en el interior de la bajera okupada que terminó con el tráfico cortado y un detenido por su actitud extremadamente agresiva.
Una infravivienda
El ambiente ya estaba caldeado desde las primeras horas del día. Una dotación de la Policía Municipal acompañó a operarios electricistas para realizar, por cuarta vez en menos de dos meses, la desconexión de un enganche ilegal a la red eléctrica de la comunidad. Durante la intervención, una mujer que actúa como "gestora" del local recibió a los agentes con insultos y amenazas, tratando de impedir el acceso a una propiedad que, según los indicios, se ha convertido en una suerte de negocio de infravivienda.
Según los testimonios recogidos en la zona, en este local de apenas unos metros cuadrados pernoctan hasta quince personas que alquilan colchones a la mujer que lidera la ocupación. Esta situación de hacinamiento e insalubridad ha convertido el bloque en un polvorín que estalló por la tarde, requiriendo la presencia de hasta ocho furgonetas policiales y una ambulancia para atender a los involucrados en la reyerta.
Vecinos hartos
Más allá de los ruidos y los conflictos constantes, la convivencia en el edificio ha llegado a un punto crítico. Los vecinos denuncian una grave alteración de su dignidad y seguridad básica. El dato más alarmante revelado por la comunidad es el impacto en la infancia: un menor que reside en el inmueble ha tenido que comenzar tratamiento psicológico debido al clima de miedo e inestabilidad que genera la presencia de los okupas.
Los propietarios aseguran que viven con un miedo constante y que la situación de inseguridad, sumada a los problemas de salubridad y deterioro del edificio, es ya "insostenible". A pesar de que el Ayuntamiento ha impuesto multas que ascienden a los 5.000 euros a la propiedad del local, los residentes consideran que estas medidas son "parches" que no atajan la raíz del conflicto.
Exigencias de soluciones reales frente al "abandono"
El vecindario se siente desprotegido por las instituciones. Aunque agradecen la labor de la Policía Municipal, lamentan profundamente que ningún responsable político se haya acercado al lugar para conocer su realidad de primera mano. Su petición es clara: no quieren más debates políticos estériles, exigen el cierre efectivo del local amparándose en las resoluciones del Defensor del Pueblo de Navarra.
Los afectados sostienen que la administración tiene la potestad de actuar cuando un inmueble incumple las condiciones mínimas de habitabilidad o supone un riesgo para las personas. "No buscamos confrontación, solo queremos vivir con tranquilidad en nuestras propias casas", subrayan los portavoces vecinales, quienes piden una intervención coordinada de servicios sociales para dar una salida digna a los ocupantes vulnerables y acabar definitivamente con este foco de conflicto en Azpilagaña.