Araba

Seguridad propone sanciones económicas para la discoteca Mitika, su empresa de seguridad y cuatro vigilantes

Se enfrentan a elevadas multas administrativas por operar sin la habilitación legal
Imagen de la entrada de la sala Mítika de la calle Paz el día después de la muerte de Kerman Villate Jorge Muñoz

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha iniciado formalmente el procedimiento sancionador que golpea directamente a la discoteca Mitika, ubicada en Vitoria-Gasteiz, a la empresa que le prestaba servicios de seguridad y a cuatro de sus empleados. Esta decisión surge en el marco de la investigación administrativa abierta tras la muerte del joven Kerman Villate a las puertas del local, un suceso que puso en evidencia graves fallos en el cumplimiento de la Ley de Seguridad Privada.

Las multas propuestas por la Dirección de Juegos y Espectáculos son de una cuantía significativa, ascendiendo a un total de 70.000 euros solo para las dos empresas implicadas, además de las sanciones individuales impuestas a los vigilantes. Estas medidas proponen un castigo administrativo contundente por ejercer labores de vigilancia sin disponer de la preceptiva habilitación exigida por la normativa estatal.

Faltas muy graves

La propuesta sancionadora diferencia claramente la responsabilidad entre los actores implicados. La empresa titular de la discoteca Mitika se enfrenta a una multa de 30.000 euros,. Esta sanción se justifica por haber contratado "a sabiendas" servicios de seguridad a una compañía que carecía de la debida autorización para desarrollar dichas funciones,. Esta conducta ha sido tipificada como una infracción muy grave, según lo establecido en el artículo 59.1.a de la Ley.

Por otra parte, la empresa que gestionaba la seguridad del local se expone a una sanción económica aún mayor, pudiendo alcanzar los 40.000 euros. La razón de esta sanción radica en que prestaba activamente servicios de seguridad privada a terceros sin contar con la necesaria autorización para ello,. Esto constituye otra infracción de carácter muy grave, especificada en el artículo 57.1.a de la legislación vigente,.

El procedimiento también alcanza directamente a los cuatro trabajadores que estaban desempeñando tareas de vigilancia en el momento del suceso. A título individual, cada uno de ellos podría recibir una multa de 6.001 euros por ejercer funciones de seguridad privada sin poseer la correspondiente habilitación profesional requerida,. El ejercicio de funciones de seguridad para terceros sin la habilitación necesaria es considerado una infracción muy grave recogida en el artículo 58.1.a de la Ley de Seguridad Privada.

El Contexto Judicial del Portero Acusado

Cabe recordar que la investigación sobre las circunstancias que rodearon la muerte del joven Kerman Villate se inició en la madrugada del 22 al 23 de febrero. El expediente administrativo para las sanciones de seguridad se abrió paralelamente a la causa judicial contra el portero acusado de la muerte.

Recientemente, la Audiencia Provincial de Álava ha emitido una decisión clave en la causa penal, determinando la puesta en libertad con fianza del miembro del equipo de seguridad que se encontraba en prisión provisional desde tan solo dos días después del trágico suceso. La decisión de excarcelar al acusado se produjo después de que la Audiencia admitiera los recursos presentados tanto por la Fiscalía como por la defensa, lo que conllevó una rebaja en las expectativas de pena que podría afrontar.

Este cambio judicial implica que la Audiencia Provincial descarta la calificación de asesinato. En su lugar, el tribunal considera que el delito podría tipificarse como un homicidio imprudente o, alternativamente, un delito de lesiones con resultado de muerte. Este posicionamiento judicial actual contradice lo decretado meses atrás por el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, cuyo titular había entendido que existían indicios "sólidos" de la comisión de un delito más grave: el de homicidio o asesinato.

Plazo de alegaciones

Ahora se abre un plazo legal para que todas las partes implicadas-la discoteca, la empresa de seguridad y los vigilantes- presenten las alegaciones que estimen oportunas en defensa de sus intereses,. Una vez analizada toda la documentación y estas posibles alegaciones, el viceconsejero de Seguridad emitirá la resolución definitiva. Dicha resolución determinará si las sanciones propuestas se mantienen, se modifican o quedan sin efecto.

04/12/2025