Imanol Pradales vuelve a colocar en el primer plano del debate político la gestión de la migración y la necesidad de que el Estado reconozca de manera formal a las instituciones vascas las competencias que ya ejercen de facto cuando atienden a las personas que llegan a su territorio. Se trata de garantizar los recursos económicos para que sean atendidas con dignidad. Pero en el debate migratorio también hay otra vertiente relacionada con la seguridad, que no es el único debate posible en esta materia como pretende hacer ver la ultraderecha, pero que Pradales quiere gestionar. Ahora incorpora a su agenda bilateral con Pedro Sánchez una nueva reivindicación: un mayor papel para la Ertzaintza, para que las fuerzas de seguridad del Estado colaboren en mayor medida con ella y pueda coparticipar en la gestión de las expulsiones, ya que tiene información de primera mano sobre los delincuentes multirreincidentes que operan en suelo vasco. El lehendakari abordó estos asuntos con el presidente español en la reunión de hora y media que mantuvieron este martes en La Moncloa, y de la que salió con un mensaje exigente pero con buenas sensaciones, porque la relación bilateral es fluida y hay un compromiso político por parte de La Moncloa. Ha amarrado dos reuniones en materia de transferencias y de Cupo para finales de marzo.
Pero quiere abordar más debates. La comunidad autónoma ya gestiona los permisos iniciales de trabajo para las personas extranjeras, y ha tramitado más de 11.100 expedientes desde que recibió la competencia. Pradales insiste, por ejemplo, en que Euskadi sea reconocida “a corto plazo” como frontera norte y punto de tránsito de los migrantes hacia el resto de Europa. Esto supondría contar con más recursos económicos, con un tratamiento presupuestario acorde por parte del Gobierno español como ocurre con los territorios de la frontera sur por estar más expuestos a la presión migratoria (Ceuta, Melilla y Canarias), y cierta capacidad de interlocución. Esta referencia a la interlocución se refiere a que, hasta la fecha, el Estado francés se ha dedicado a cerrar pasos fronterizos por su cuenta y riesgo, lo que deja a miles de migrantes en un limbo y a las instituciones vascas sin capacidad para atenderlos con dignidad. El lehendakari abre este debate porque la presión migratoria ha crecido al ritmo de un punto anual en cinco años en la CAV, está claro que esta discusión se va a abrir en el Estado español y hay que aprovechar esa ventana de oportunidad.
¿Como Catalunya con los Mossos?
Podemos acaba de pactar con Sánchez que medio millón de migrantes puedan regularizar su situación a partir de abril, y el Gobierno español espera cierta reciprocidad, es decir, que Podemos deje de resistirse a la delegación de competencias migratorias a Catalunya que es clave para congraciarse con Junts. Ahí está la oportunidad, aunque Pradales no quiso concretar si quiere las mismas competencias que Catalunya. Este punto enlaza con la seguridad. La Policía española y la Guardia Civil tienen el control de las fronteras, pero el acuerdo con Junts establece que los Mossos podrán gestionar las devoluciones si son casos flagrantes, es decir, si cumplen los supuestos que ya reconoce la ley estatal de Extranjería: que una persona haya entrado de manera ilegal en el Estado o que pese sobre ella una orden de expulsión. El resto de casos tendrían que debatirse en la Junta de Seguridad entre Catalunya y el Ministerio del Interior.
Pradales pide una cooperación mayor con la Ertzaintza, pero la propuesta vasca se concretará en una futura Junta de Seguridad y, por ello, no la quiere hacer pública antes. Este martes no habló de gestionar las expulsiones, sino de “facilitar la cooperación de la Ertzaintza con el resto de las fuerzas de seguridad del Estado para poder coparticipar en procedimientos de expulsión”, porque “es una policía integral, tiene muchísima información y capacidades técnicas suficientes”, y sería deseable “gestionarlo conjuntamente porque es relevante cuando hablamos de multirreincidencia”.
La propuesta catalana es una delegación competencial y no una transferencia, lo que implica que no es permanente y tiene que superar la votación del Congreso. Junts lo pactó con el Gobierno de Sánchez, liderado por los socialistas, que gobiernan en coalición con el PNV en suelo vasco.
En la Bilateral de Cooperación, Pradales quiere plantear demandas relacionadas con la seguridad, como que se dote a la Ertzaintza “de más capacidades y mejores herramientas para combatir la reincidencia, impulsar más juicios rápidos, y facilitar la cooperación de la Ertzaintza en materia de Extranjería para los procedimientos de expulsión”.
Y quiere que Euskadi cuente con “capacidades políticas propias en materia migratoria”. Pradales constató que el peso de la población migrante ha pasado del 9% a representar más del 14% en cinco años. Esta situación se gestiona de facto desde las instituciones vascas con apoyo del tercer sector, y sin competencias formalmente reconocidas. Pradales recordó que los propios migrantes se ven afectados por la indefinición de los recursos, y recordó que 600 de personas de Mali han dormido al raso hasta que las instituciones vascas las han atendido.
Dos meses
En el plano de los acuerdos, ha pactado con Sánchez que la Comisión Bilateral de Cooperación sea a finales de marzo. Viene con algo de retraso, porque tendría que haber sido en enero, pero la novedad es que ahí “tiene que estar cerrada y acordada de manera definitiva” la transferencia de los aeropuertos de Loiu, Foronda y Hondarribia, la única de las 16 competencias que citó expresamente para esos dos meses. Recordó que ambos firmaron un “acuerdo político” en julio para acordar la participación de Euskadi, “se ha avanzado y hay que acelerar”. No mencionó las resistencias del presidente de Aena ni parte de sus inversores.
También habrá Comisión del Concierto para abrir la negociación de la nueva Ley Quinquenal del Cupo. Toca por calendario, ya que la ley vigente solo abarca hasta este año. El Cupo es el dinero que paga la comunidad autónoma al Estado por los servicios que presta en suelo vasco, y también en concepto de solidaridad con otros territorios. Históricamente ha sido y sigue siendo el 6,24%. Pradales quiere que se aborde también ahí la mejora de los recursos para la dependencia. El consejero d’Anjou ya acordó hace meses que la aportación del Estado creciera del 16% al 50%.
Exige al presidente que dé directrices políticas claras a su Gobierno
El lehendakari acudió a La Moncloa para someter a reválida el nivel de cumplimiento de los acuerdos por parte de Sánchez, pero no salió con un mensaje de ruptura por el incumplimiento de buena parte de los compromisos acordados (algo que tampoco estaba en su mente porque no hay otro Gobierno español posible con el que negociar). Tuvo con él una pequeña concesión cuando le reconoció que, en un cálculo de matemática pura, hay más cumplimientos que incumplimientos, como las diez nuevas competencias pactadas, los 34 acuerdos en el autogobierno fiscal o los avances sobre la potencia eléctrica para la industria. El problema radica en que, desde el punto de vista cualitativo, “los incumplimientos se producen en materias esenciales para el bienestar”. Pradales ha entregado a Sánchez un informe con el grado de cumplimiento de los acuerdos, y constató que no ha cumplido el calendario que lo obligaba a ceder todas las competencias pendientes en 2025, ni tampoco la participación de las instituciones vascas en los foros económicos internacionales. Y añadió que sigue sin definirse el Plan Estructural migratorio y sin considerarse a Euskadi como frontera norte, el ministerio de Sanidad no responde a las propuestas para aliviar el déficit de médicos en los ambulatorios o revisar el cálculo de la aportación al fondo de Cohesión Sanitaria, y para colmo, al lehendakari le “preocupa” el Estatuto Marco sanitario que se ha aprobado sin acuerdo. Añadió otras observaciones sobre la multirreincidencia, el euskera aún no reconocido en Europa, y la necesidad de reasignar los excedentes de los fondos europeos hacia proyectos transformadores en Euskadi.
A partir de ahí, apretó a Sánchez para que el reconocimiento del euskera “siga estando en la agenda de Asuntos Generales del Consejo Europeo”, y que Euskadi participe en la ONU Turismo y Unesco. Trasladó su “preocupación” a Sánchez por los incumplimientos, y le pidió negociar de forma más “rigurosa y planificada”, que ambos ejecutivos se impliquen siguiendo “directrices políticas claras, para que los acuerdos no terminen al borde del precipicio o sobre la bocina”. Da una prórroga a Sánchez, y testará si su voluntad política es real.