La regularización extraordinaria de personas migrantes, cuya tramitación ha iniciado este martes el Gobierno español, dará permiso de residencia también a los solicitantes de asilo que hayan presentado su petición antes del 31 de diciembre de 2025.
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones han hecho esta aclaración acerca de la reforma del reglamento de extranjería que busca conceder permiso de residencia y trabajo a todas las personas extranjeras que estuvieran en el Estado español antes del 31 de diciembre y lleven mínimo cinco meses viviendo en el mismo.
Una solución como esta para los solicitantes de asilo era una demanda que habían trasladado muchas entidades sociales después de que la última reforma del reglamento de extranjería, llevada a cabo el año pasado, perjudicase a muchos peticionarios de protección internacional al complicar su acceso al arraigo.
¿Quién podrá beneficiarse y cómo se acredita la residencia?
Podrán acogerse todas las personas en situación irregular que hayan residido en el Estado al menos cinco meses antes del 31 de diciembre, así como los solicitantes de asilo que presentaran su petición antes de esa fecha, siempre que carezcan de antecedentes penales.
En el caso de los solicitantes de asilo, no deberán renunciar a su solicitud, aunque esta quedará suspendida mientras dure el proceso de regularización.
La residencia podrá acreditarse mediante empadronamiento, pero también con informes médicos, contratos de alquiler o de luz, o certificados de envío de dinero, una reivindicación clave de las entidades sociales, ya que muchas personas tienen dificultades para empadronarse.
¿Qué derechos concede el permiso y por cuánto tiempo?
La autorización inicial será de residencia y trabajo, válida en todo el país y en cualquier sector, con una vigencia de un año.
El plazo máximo de resolución será de tres meses, pero con la admisión a trámite —en un máximo de 15 días— se podrá empezar a trabajar desde el primer día. Además, al presentar la solicitud quedarán suspendidos los procedimientos de retorno y las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso.
Para quienes viven sin papeles, este permiso supone acceder al mercado laboral, a la sanidad, a una vivienda, poder viajar y vivir sin miedo a sanciones, expulsión o internamiento en un CIE.
Tras ese año, podrán pasar a las vías ordinarias del reglamento de extranjería, como el arraigo, y la medida permitirá también la regularización de hijos e hijas menores, con permisos de cinco años.
Plazos, tramitación y antecedentes
Según la ministra Elma Saiz, las solicitudes podrán presentarse a principios de abril y el proceso estará abierto hasta el 30 de junio. Al tratarse de un real decreto, no necesita convalidación del Congreso, lo que permite al Gobierno evitar bloqueos parlamentarios.
Cinco años de permiso para los hijos menores
Las fuentes también han precisado que la regularización protege la unidad familiar por lo que permite la regularización simultánea de hijos e hijas menores que ya se encuentran en España y en este caso, la vigencia del permiso será de cinco años y no uno, como en el caso de los adultos sin hijos.
El plazo de tramitación será, máximo, de tres meses, pero con la mera admisión a trámite de las solicitudes, que se resolverá como mucho en 15 días, las personas podrán empezar a trabajar desde el primer día.
Una vez aprobada, la autorización inicial será de permiso de residencia con permiso de trabajo, válida para todo el país y en cualquier sector. Tendrá una vigencia de un año y permitirá la posterior incorporación a las figuras ordinarias del reglamento de extranjería, "favoreciendo una integración progresiva y estable", según las fuentes.
"No existe efecto llamada"
El Ministerio es tajante respecto a algunas de las críticas que ya han surgido sobre la medida: "No existe efecto llamada cuando se fija un marco temporal claro, una fecha de corte definida y un plazo cerrado de solicitudes".
A este respecto, recuerda que el Estado cuenta con un reglamento de extranjería "moderno y eficaz" que "refuerza las vías regulares, seguras y ordenadas" y subraya que el 95% de las personas migrantes llegan por estas vías regulares, mientras que las irregulares se han reducido más de un 40% en 2025.
Y recalca que esta reforma tampoco "beneficia a las mafias", al recordar que la irregularidad es precisamente el mejor negocio para quienes explotan personas: "Regularizar es cortar ese negocio", defiende.
Para Migraciones esta medida beneficia al conjunto de la sociedad: las personas trabajadoras ganan derechos y protección, las empresas ganan seguridad jurídica y se reduce la economía sumergida y la explotación laboral.
Se trata de "la primera gran medida del Plan de Integración y Convivencia", aún por conocer, y forma parte de "una estrategia coherente de política migratoria orientada a promover una migración regular, segura y ordenada", han precisado desde el Ministerio.
Una "práctica consolidada" en gestión migratoria
El departamento de dirige Elma Saiz ha recalcado que las regularizaciones extraordinarias son "una práctica consolidada de gestión migratoria", que se han llevado a cabo antes tanto por el PP (2000 y 2001) como por el PSOE (1986, 1991, 1996 y 2005) y en otros países de la Unión Europea como Italia y Portugal (2020 y 2021). La evidencia empírica demuestra que este tipo de medidas "generan efectos positivos": por ejemplo, la de 2005 mejoró la integración laboral y la movilidad de las personas regularizadas, incrementó la recaudación fiscal y redujo la economía sumergida.
La hostelería valora la regularización de extranjeros y pide acompañarla con formación
La patronal de Hostelería ha valorado la regularización extraordinaria, un proceso que, a su juicio, debe ir acompañado de “programas de formación” para avanzar en su profesionalización.
En declaraciones a Efeagro, la patronal hostelera ha compartido el “espíritu” de la medida, a la que el Consejo de Ministros ha dado este martes su aprobación para el inicio de su tramitación.
Si bien, la organización ha pedido que se “cuide” el proceso y vaya acompañado de programas de formación y cualificación para “avanzar” en la profesionalización de los tejidos productivos, una tarea en la que la patronal se ha ofrecido a participar.
En los últimos años, el peso de la población extranjera en la hostelería ha crecido, al mismo tiempo que han aumentado los problemas del sector para encontrar trabajadores, especialmente trabajadores cualificados. Con todo ello, la patronal se ha mostrado receptiva en varias ocasiones a implementar medidas como la contratación en origen, algo que ya hacen otros sectores como el primario, para contar con un mayor volumen de trabajadores.