El fiscal delegado de la Sección de Apoyo a Personas con Discapacidad y Mayores en Andalucía, Fernando Santos Urbaneja, ha alertado sobre un “aumento real” de los abusos económicos a personas mayores, especialmente motivados por la brecha digital, y ha reclamado medidas “mucho más vigorosas” para proteger a este colectivo vulnerable.
Según el fiscal, la situación de las personas mayores se ha vuelto de alto riesgo tanto en lo patrimonial como en lo personal, incluyendo casos de los denominados ‘abuelos esclavos’, que asumen el cuidado forzado de sus nietos.
Abusos por parte de familiares
En el entorno familiar, los abusos pueden surgir cuando algún hijo o allegado busca despatrimonializar conscientemente a la persona mayor, ganándose su confianza para hacerse con documentos como DNI, cartillas, tarjetas o poderes que permitan operaciones ante bancos o administraciones. La reforma del Código Penal de 2015 permite perseguir estas conductas dentro del ámbito familiar si hay abuso de vulnerabilidad por edad o discapacidad.
A pesar de esto, el abandono físico y el maltrato psicológico son fenómenos poco perseguidos, y las víctimas suelen sufrir en silencio y negarse a declarar en juicio, dificultando la obtención de pruebas suficientes para fundar condenas, incluso ante lesiones visibles.
Situación en residencias
Contrario a la percepción común, en las residencias los casos de fraude son poco frecuentes, ya que la dirección y los profesionales suelen estar atentos y los bancos facilitan información mediante protocolos supervisados por el Banco de España. Sin embargo, se han detectado casos graves, como la apropiación de fondos por parte de directores de residencias hacia usuarios desvalidos.
Santos Urbaneja también alerta sobre tendencias preocupantes en residencias, como la comida en catering en lugar de elaborada en el centro y el uso abusivo de contenciones mecánicas o farmacológicas. Aunque los problemas financieros no difieren mucho entre entornos urbanos y rurales, en el mundo rural la reducción de oficinas bancarias y cajeros fuerza a los mayores a depender de familiares, con pérdida de intimidad económica.
Respuesta judicial y medidas pendientes
El fiscal considera que el sistema judicial no es lo suficientemente rápido para evitar el espolio patrimonial, ya que lo que se puede hacer en segundos mediante un clic en el móvil puede tardar años en anularse. Reclama procedimientos de nulidad más rápidos y ventajas probatorias para los vulnerables.
Como avance, destaca la Ley 10/2025 de Servicios de Atención a la Clientela, que obliga a las empresas a ofrecer atención telefónica personal a mayores de 65 años, prohibiendo el uso exclusivo de máquinas. No obstante, advierte que el control de la inteligencia artificial en la contratación sigue siendo una asignatura pendiente.
En conclusión, Santos Urbaneja afirma que aunque el diagnóstico sobre vulnerabilidad de los mayores es preciso, las medidas de protección son insuficientes, por lo que el pronóstico es preocupante y se necesitan acciones mucho más contundentes por parte de los poderes públicos.