La familia de Ainara R.V., la joven de 19 años vecina de la localidad alavesa de Elvillar y única superviviente del trágico derrumbe de la pasarela costera de El Bocal, ha decidido personarse formalmente en la causa judicial abierta para investigar las circunstancias del suceso. Con este movimiento, los allegados de la joven alavesa buscan no solo seguir de cerca los avances de la instrucción, sino también asegurar que se depuren todas las responsabilidades, tanto técnicas como administrativas, tras un colapso que segó la vida de seis personas.
Ainara, que resultó herida de gravedad el pasado 3 de marzo, tuvo que ser ingresada de urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Traumatología del Hospital Valdecilla. Su caso es el único testimonio directo de la caída desde la infraestructura, una experiencia que la ha mantenido bajo cuidados hospitalarios intensivos mientras el Juzgado de Instrucción número 1 de Santander avanza en la recopilación de pruebas.
Frente común de las familias
Con la incorporación de los familiares de la joven de Elvillar, ya son cuatro de las siete familias afectadas por el accidente las que forman parte activa del procedimiento judicial. Este bloque de acusaciones particulares se une así a los allegados de tres de los seis jóvenes fallecidos, reforzando la presión sobre los responsables de la gestión y el mantenimiento del paso costero.
El proceso, dirigido por la titular del Juzgado de Instrucción número 1, se centra actualmente en determinar si existió una omisión del deber de socorro o negligencia en la gestión de las alertas ciudadanas que, según los informes preliminares, avisaron del mal estado de la estructura apenas 24 horas antes de que esta cediera.
Citas clave en el juzgado
El calendario judicial tiene marcada una fecha crítica: el próximo 27 de marzo. Ese día, la única investigada hasta el momento, una agente de la Policía Local de Santander, deberá prestar declaración ante la jueza. La agente está en el punto de mira por su actuación tras recibir una llamada del servicio de emergencias 112 el día previo al colapso, una alerta que, presuntamente, no derivó en ninguna intervención inmediata ni en el cierre preventivo del acceso.
No será la única en comparecer. Una operadora del 112, responsable de tramitar ese aviso ciudadano inicial sobre el deterioro de la pasarela, también ha sido citada para el mismo día. Aunque inicialmente acude como testigo, deberá hacerlo acompañada de un abogado ante la posibilidad de que su situación procesal cambie a investigada tras su testimonio. Estas declaraciones serán fundamentales para reconstruir la cronología de una negligencia que resultó fatal.
Un aviso ignorado y la responsabilidad civil
La investigación ha sacado a la luz que la tragedia pudo haberse evitado. Según las indagaciones, el 2 de marzo, un ciudadano alertó específicamente sobre las deficiencias estructurales de la pasarela. A pesar de que la incidencia fue trasladada a los cuerpos de seguridad, el paso no fue clausurado ni señalizado como peligroso. Solo un día después, la infraestructura colapsó con un balance devastador.
En este escenario, el Ayuntamiento de Santander también juega un papel complejo en el proceso. Aunque el Consistorio se ha personado inicialmente como parte interesada, la magistrada ya le ha advertido de su condición de posible responsable civil. La alcaldesa santanderina ha defendido la "transparencia" de la institución, pero la investigación trata ahora de confirmar si existían informes técnicos previos que desaconsejaran el uso de la pasarela o si las labores de mantenimiento realizadas habían sido insuficientes.
La implicación del Estado
Mientras las familias se organizan para reclamar justicia, el ámbito estatal también analiza su grado de implicación. El organismo de Costas ya ha remitido toda la documentación requerida por el juzgado, y se está a la espera de que la Abogacía del Estado decida si el Ministerio para la Transición Ecológica debe personarse también en la causa.
El suceso de El Bocal ha trascendido el ámbito judicial para abrir un crudo debate sobre la coordinación entre administraciones y el estado de conservación de las infraestructuras en el litoral. Para la familia de la joven de Elvillar, la prioridad absoluta es que este proceso sirva para que ningún otro ciudadano se enfrente a una situación similar por culpa de una cadena de errores administrativos y técnicos que, aquel 3 de marzo, falló de forma estrepitosa.