El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha asumido la investigación sobre el presunto uso irregular de 53 millones de euros que el Gobierno concedió como rescate en pandemia a la aerolínea Plus Ultra y el presunto blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela en varios países.
Según ha informado el tribunal, el magistrado ha aceptado la competencia para instruir la causa en un auto en el que acuerda que la misma siga bajo secreto. El titular de la Plaza 4 del Tribunal Central de Instancia ha reclamado además al juzgado de Madrid que investigaba hasta ahora el procedimiento que le remita todas las actuaciones.
Cabe destacar que Calama investigará el caso actuando como titular de la Plaza 2, donde se instruye la causa, después que su compañero, el juez Ismael Moreno, se abstuviera en 2024. Fue entonces Calama quien rechazó admitir una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción sobre el caso --entendió que no era competente y la derivó al Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que fue el que investigó el rescate de la aerolínea y acabó archivándolo--.
La jueza de Plaza de Castilla, que decidió inhibirse mientras la causa sigue bajo secreto, fue la que ordenó el pasado diciembre la detención del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez; el CEO, Roberto Roselli, y el empresario Julio Martínez Martínez.
Según fuentes jurídicas, ese juzgado venía indagando en los hechos denunciados por Anticorrupción, pero no solo. La Fiscalía denunció el "uso indebido" de los 53 millones de euros recibidos por Plus Ultra por concesión del Consejo de Ministros en marzo de 2021, asegurando que el dinero "se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esa sociedad por otras de la supuesta trama delictiva".
Presentada contra siete personas por un presunto delito de blanqueo de capitales, en la denuncia se apuntaba a una presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España.
La constituirían --explicaba la AN en un auto al que tuvo acceso esta agencia de noticias-- "personas extranjeras, nacionalizados españoles, y al menos un abogado español", y estaría "dedicada a la realización de actos de blanqueo en los tres países citados".
Alimentos básicos subsidiados
Según la Fiscalía, los fondos ilícitos procederían de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de "muy alta cuantía", concretamente de "fondos públicos de programas CLAP", impulsados por el Gobierno para repartir alimentos básicos subsidiados, y "ventas de oro del Banco de Venezuela".
"La sociedad Plus Ultra figura como firmante y beneficiaria de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro, y esos contratos dan cobertura, a su vez, a las correspondientes devoluciones por parte de la sociedad española Plus Ultra, en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública, a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal", sostenía.
Anticorrupción refería las "conexiones" de la supuesta organización criminal con "clientes que se sirven de los servicios de ésta y sobre los que existen investigaciones policiales y judiciales actualmente".
La denuncia incidía en la actuación de varias personas, en algunos casos a través de sociedades mercantiles, para recibir cantidades de dinero procedentes del extranjero con el objeto de adquirir bienes inmuebles, así como la suscripción de contratos de préstamo a Plus Ultra, que fueron íntegramente reembolsados.
También mencionaba la venta de oro por importe de unos 30 millones de euros a una sociedad de Emiratos Árabes por parte de la sociedad que concedió los préstamos, la remisión de cantidades por la misma sociedad a otra empresa a una cuenta en Panamá y que para las actividades de blanqueo "se ha podido utilizar la venta de relojes de lujo".
Caso Koldo y Plus Ultra comparten juez de apoyo
Por otro lado, la Audiencia Nacional ha acordado poner como refuerzo del instructor del caso Koldo, Ismael Moreno, al mismo juez de apoyo del que ya disponía el magistrado José Luis Calama, quien este mismo martes ha asumido la instrucción de llamado caso Plus Ultra.
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión en un acuerdo fechado el pasado 26 de febrero y hecho público este martes, al considerar "urgente la actuación de un Juez de apoyo" para reforzar al magistrado titular de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, plaza número 2, quien recientemente se ha tenido que hacer cargo del caso Koldo al completo tras renunciar el exministro José Luis Ábalos a su condición de aforado.
Para no dilatarlo, la Sala de Gobierno -compuesta por los presidentes de las diferentes Salas de la Audiencia Nacional- ha optado por que comparta al juez de apoyo con el que cuenta ya en la actualidad el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama (plaza número 4).
Colaboración, asistencia o asesoramiento
Se trata del magistrado Javier Ángel Fernández-Gallardo, titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Guadalajara, cuya situación como juez de apoyo de Calama ha sido autorizada económicamente por el Ministerio de Justicia hasta el 30 de junio de 2026.
El juez de apoyo carece de funciones jurisdiccionales y actúa bajo la dirección del titular del órgano judicial. Se limita a realizar exclusivamente labores de colaboración, asistencia o asesoramiento conforme a lo previsto en la Disposición Adicional 21ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
"La comparación entre los órganos números Dos y Cuatro de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, pone de manifiesto de manera evidente una mayor necesidad de refuerzo en la Número Dos, que precisa de forma urgente la actuación de un Juez de Apoyo, en los términos solicitados por su titular", apunta la Sala de Gobierno.
Causas de "enorme complejidad"
Y es que, añade, "no es difícil encontrar un calificativo para definir la carga de trabajo que pesa sobre su titular el Ilmo. Sr. D. Ismael Moreno Chamarro, que no cabe calificar sino como de saturación".
Así lo refleja, argumenta el acuerdo, el listado de causas aportado, "caracterizadas muchas de ellas por su enorme complejidad, a lo que ha de unirse la necesidad de atender las tareas propias de un órgano de instrucción, con sus correspondientes guardias".
La investigación del caso Koldo, que comenzó con la trama de las mascarillas, ha adquirido una gran dimensión en la Audiencia Nacional, y va desde los presuntos amaños en contratos públicos en los que estarían implicados, entre otros, Ábalos y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a los pagos en metálico en el partido socialista por liquidación de gastos
Trabajo "encomiable"
En cuanto a Calama, la Sala de Gobierno destaca su trabajo "encomiable" que le ha llevado a tener sus asuntos en una situación "de absoluta normalidad procesal", a lo que, dice, "ha contribuido, sin duda, el relevante papel" del juez de apoyo.
Pese al buen estado de las causas, considera conveniente que siga prestando su apoyo, si bien limitándose a las causas que Calama ha identificado como prioritarias: el caso Madeira Invest, un chiringuito financiero cuyo propietario presuntamente entregó 100.000 euros al eurodiputado Alvise Pérez para su campaña a las elecciones europeas; dos casos de fraude en el IVA de hidrocarburos y otros dos de tráfico de drogas y blanqueo.
La Sala de Gobierno aprovecha para recordar que la Audiencia Nacional cuenta con tan solo seis plazas de instrucción, la última creada en 1997; un déficit, señala, que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha pedido solventar con la creación de dos plazas más. Solicitud, añade, que el Ministerio de Justicia ha recogido en la previsión de aumento de la Planta, en el Borrador del Decreto Ley actualmente en fase de deliberación. La Audiencia Nacional comunicará ahora este nuevo acuerdo al CGPJ junto a la correspondiente documentación en la que se apoya.