En un acto de profunda carga simbólica y compromiso legal, el pleno de las Juntas Generales de Álava ha aprobado este miércoles una norma foral que pone fin a casi nueve décadas de anomalía institucional. Con el respaldo de la inmensa mayoría de la representación política, el territorio ha decidido revocar de manera definitiva los títulos honoríficos que vinculaban al territorio con el dictador Francisco Franco y el general Emilio Mola, figuras centrales de la sublevación militar de 1936.
La decisión no solo busca limpiar el libro de honores de la Diputación, sino que lanza un mensaje contundente sobre los valores que definen a la sociedad alavesa actual. Los nombramientos de "Padre de la Provincia" y "Diputado General Honorario", concedidos en pleno fragor de la Guerra Civil, quedan desde este miércoles sin efecto y declarados formalmente nulos.
Un consenso transversal por la higiene democrática
La iniciativa legislativa nació de una propuesta conjunta de las principales fuerzas progresistas y nacionalistas: PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin/Sumar. Sin embargo, la relevancia de la votación aumentó al sumarse el Partido Popular, que aunque no firmó la propuesta original por la presencia de la coalición abertzale entre los proponentes, votó a favor del texto final defendiendo que la medida supone un respaldo a los valores fundamentales de la democracia.
El debate en la Cámara foral reflejó la importancia del momento. Desde el PNV, se subrayó que era un día "importante" para retirar distinciones a personas que veían en los derechos humanos un "estorbo". Por su parte, el PSE-EE fue tajante al afirmar que "no es un honor dar un golpe de Estado", vinculando directamente esta revocación con un acto necesario de reconocimiento a todas las víctimas del franquismo.
El fin de una "apropiación simbólica" de 1936
Para entender la magnitud de esta decisión, hay que remontarse al 12 de noviembre de 1936. En esa fecha, una Diputación provincial alineada con el bando sublevado otorgó estas distinciones, las cuales representan el "máximo peldaño del reconocimiento civil en Álava". Históricamente, estos títulos están reservados exclusivamente para aquellas personas que han destacado en la defensa y conservación de las libertades forales.
La norma aprobada este miércoles denuncia que la concesión de estos honores a Franco y Mola fue, en realidad, un intento de "apropiación simbólica" de las tradiciones alavesas. Se buscó legitimar mediante títulos históricos un régimen que representaba la antítesis de los valores de pacto y respeto institucional que caracterizan al sistema foral. Con esta revocación, Álava recupera la integridad de sus símbolos para que solo representen la defensa de la libertad y no la de una dictadura.
Cumplimiento estricto de la legalidad vigente
Más allá de la voluntad política, este movimiento parlamentario se fundamenta en un sólido marco jurídico. La revocación da cumplimiento directo tanto a la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi como a la Ley de Memoria Democrática estatal de 2022. Esta última normativa obliga a las administraciones públicas a retirar honores que resulten manifiestamente incompatibles con la democracia o que supongan una exaltación de la sublevación militar y la represión dictatorial.
La efectividad de esta norma será inmediata una vez se publique en el Boletín Oficial del Territorio Histórico. A partir de ese momento, la Diputación tiene el mandato de proceder a la anotación expresa de la revocación en todos sus registros, archivos y libros de honores. Además, se ha acordado que este proceso cuente con el máximo nivel de publicidad institucional, asegurando que el borrado de estos honores dictatoriales sea conocido por toda la ciudadanía.
El solitario "no" de Vox
A pesar del amplio consenso, la jornada no estuvo exenta de fricciones. Mientras EH Bildu lamentaba que esta medida haya tardado 90 años debido a una transición edificada sobre la "desmemoria", y Elkarrekin advertía sobre la necesidad de combatir los discursos de odio actuales, Vox se posicionó como la única nota discordante.
El representante de la formación de Santiago Abascal, Jonathan Romero, fue el único que votó en contra, alegando que la ley busca "dividir a los españoles" y acusando a los proponentes de intentar "reescribir la historia desde los despachos". Sus palabras contrastaron con el resto del arco parlamentario, que celebró el cierre de esta herida histórica como un paso hacia la madurez democrática de Álava.