Iryo se ha personado en el proceso judicial que investiga el accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, del pasado 18 de enero como acusación particular, lo que supone considerar a la empresa con la mayor parte de su capital en manos del Estado italiano como "perjudicado".
Así lo informa su matriz italiana, la pública Ferrovie dello Stato Italiane (Trenitalia), en su última cuenta de resultados, donde recoge los detalles del accidente en el Estado español, que causó 46 fallecidos y más de 120 heridos al descarrillar uno de sus trenes y chocar inmediatamente después con un tren Alvia de Renfe que iba por la otra vía.
En un documento escrito en inglés, la compañía cita que la investigación preliminar llevada a cabo por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apunta a una rotura de la vía como principal causa, y remarca que el responsable del mantenimiento de la vía es Adif, la empresa pública española que gestiona la red ferroviaria.
Ilsa, acusación popular
La compañía italiana también recuerda que, por ahora, ninguna parte ha sido acusada penalmente y que Ilsa, la sociedad con sede en Valencia dueña de Iryo, ha pedido participar en el proceso legal que se lleva a cabo en el Juzgado de Montoro (Córdoba).
La jueza del Juzgado número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) ya ha permitido a Ilsa participar como acusación particular, por lo que se le considerará una parte perjudicada, según explica la compañía.
En cuanto a la otra operadora ferroviaria, la francesa Ouigo, la jueza rechazó su petición al no ser perjudicado directo del siniestro, según lo recoge una diligencia de ordenación, de fecha 7 de abril, a la que tuvo acceso Europa Press, si bien cabe interponer recurso de reposición ante la Letrada de la Administración de Justicia. Tampoco se aceptó a los ayuntamientos de Huelva y de Punta Umbría, al partido político Iustitia Europa y al Sindicato Alternativa Ferroviaria (Alferro).
Personaciones admitidas
En cambio, la jueza aceptó la personación como actor civil de la Junta de Andalucía, que solo podrá reclamar gastos extraordinarios y perjuicios sufridos por el accidente, pero no podrá pedir pruebas ni diligencias de Instrucción.
También admitió al Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias, Vox, Asociación HazteOir.org, Sindicato de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), Asociación Víctima de los Políticos y Asociación Liberum, una personación condicionada a la previa prestación de una fianza de 3.000 euros para cada una de las acusaciones.