La primera jornada del juicio por el caso Kitchen en la Audiencia Nacional ha arrancado marcada por una estrategia común de las defensas: intentar frenar el procedimiento antes de que entre en el fondo. Los abogados de los diez acusados, entre ellos el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, han solicitado la nulidad del juicio al considerar que la instrucción estuvo plagada de irregularidades y que el tribunal carece de competencia para enjuiciar los hechos.
Durante la sesión, también han planteado cuestiones previas las defensas de otros acusados, como el exDAO de la Policía Eugenio Pino o el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, presunto receptor de 54.000 euros por labores de espionaje. La presidenta del tribunal, la magistrada Teresa Palacios, llegó a reprender al abogado de este último por insinuar coacciones de la Fiscalía.
El juicio, que se prolongará hasta el 30 de junio, sienta en el banquillo a la antigua cúpula del Ministerio del Interior, con peticiones de hasta 15 años de cárcel por parte de la Fiscalía. Según la acusación, se habrían empleado cerca de 58.000 euros de fondos reservados para financiar el operativo.
La vista se reanudará este martes con la respuesta de las acusaciones a las cuestiones previas, paso clave para determinar si el juicio continúa su curso o si alguna de las nulidades planteadas logra alterar el rumbo de una de las causas más sensibles vinculadas a las cloacas del Estado.
El proceso examina la presunta operación parapolicial desplegada entre 2013 y 2015, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, con el objetivo de sustraer documentación comprometedora al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, en pleno avance de las investigaciones del caso Gürtel y la supuesta caja B de la formación.
El primero en intervenir ha sido el abogado del exministro del Interior, quien ha sostenido que los hechos no guardan relación con el caso Tándem —la macrocausa que investiga las actividades del excomisario José Manuel Villarejo— del que deriva esta pieza. A su juicio, Kitchen responde a un operativo policial ajeno a los encargos privados que caracterizan el resto de investigaciones vinculadas a Villarejo, por lo que debería haber sido remitido a la jurisdicción ordinaria como un “hallazgo casual”.
A esta tesis se han sumado el resto de las defensas, que también han cuestionado la validez de la instrucción por el prolongado secreto de las actuaciones. Según han denunciado, la causa permaneció bajo secreto durante dos años y siete meses, lo que habría impedido a los investigados conocer las diligencias practicadas y ejercer adecuadamente su derecho de defensa.
"Acusación sorpresiva"
Otro de los ejes de la ofensiva jurídica ha sido la supuesta “acusación sorpresiva”. Los letrados han criticado que algunas imputaciones aparecieron por primera vez en el auto de procesamiento y no durante la fase de instrucción, lo que, sostienen, genera indefensión. En el caso de Fernández Díaz, su defensa ha pedido que se excluyan del juicio todas aquellas acusaciones que no fueron objeto de declaración previa.
Las pruebas también han sido objeto de impugnación. El abogado del exministro ha solicitado la nulidad de las actas notariales que recogen mensajes de WhatsApp intercambiados con su ex número dos, Francisco Martínez, al considerar que derivan de actuaciones viciadas. Por su parte, la defensa de Martínez ha ido más allá al reclamar la nulidad de las grabaciones incautadas a Villarejo, origen de la causa, alegando que pudieron obtenerse de forma ilícita y que no se ha podido verificar su autenticidad completa.
En la misma línea, el entorno del excomisario ha denunciado que la investigación ha sido “prospectiva” y contraria a derecho, al haberse vulnerado su intimidad y su derecho de defensa por no haberse desencriptado la totalidad de los archivos incautados.