El conflicto laboral en Tubos Reunidos entra en una fase crítica. A medida que se agota el tiempo legal para las negociaciones, los representantes de los trabajadores han decidido dar un golpe sobre la mesa ante lo que consideran una postura inamovible de la dirección. El comité de empresa de la planta de Amurrio ha anunciado un nuevo calendario de movilizaciones que paralizará la producción durante la próxima semana, un movimiento que busca presionar en el tramo final de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que amenaza con destruir 301 puestos de trabajo en el grupo.
Siete días de pulso en las calles y la fábrica
La estrategia de protesta diseñada por el comité no deja lugar a dudas sobre el malestar de la plantilla. El epicentro del conflicto se sitúa en la factoría alavesa, la más castigada por el ajuste, donde se prevén 272 despidos. El calendario arrancará con dos jornadas de huelga de 24 horas los días 9 y 10 de marzo. La primera de ellas coincide significativamente con la fecha en la que, salvo prórroga de última hora, finaliza el periodo de consultas del ERE.
Según el esquema previsto, la huelga del lunes vendrá acompañada de piquetes informativos desde la noche anterior y una concentración frente al lugar donde se celebre la reunión con la empresa. El martes, las protestas se trasladarán a Bilbao, con una concentración ante las oficinas de la compañía en la calle Máximo Aguirre, para regresar por la tarde a la fábrica con una asamblea informativa. Pero el pulso no terminará ahí: del 11 al 15 de marzo, los trabajadores realizarán paros de cuatro horas por cada relevo, manteniendo viva la llama del conflicto durante toda la semana.
Una "oferta insuficiente"
La chispa que ha prendido de nuevo las movilizaciones es el estancamiento de las conversaciones. Los sindicatos denuncian que la dirección se ha cerrado en banda, negándose a variar su oferta inicial en los últimos encuentros. Para las centrales, el planteamiento de la empresa es claramente insuficiente y carece de una base sólida que justifique la destrucción de empleo a tal escala.
Desde el sindicato ELA, se ha puesto el foco en la que califican como una "pésima gestión" de los activos de la compañía. La organización sindical recuerda que una parte sustancial de la deuda actual del grupo tiene su origen en el año 2008, cuando se destinaron 170 millones de euros a dividendos para los accionistas, una decisión que, a su juicio, comprometió el futuro industrial de las plantas para favorecer beneficios inmediatos. Por ello, consideran que los trabajadores no pueden ser quienes paguen los platos rotos de una estrategia financiera que ahora pretende desprenderse de activos vitales como las acerías de Trapagaran y Amurrio.
El Parlamento Vasco reclama un futuro viable
Mientras la tensión crece en las puertas de la fábrica, la presión política también aumenta. El Parlamento Vasco ha tomado cartas en el asunto mediante la aprobación de una enmienda transaccional que insta al Ejecutivo vasco a realizar una apuesta decidida por Tubos Reunidos. El acuerdo, fraguado entre PNV, EH Bildu y PSE-EE, lanza un mensaje nítido a la empresa: cualquier solución debe pasar por un "proyecto industrial serio, sólido y viable".
La Cámara de Vitoria ha solicitado que las instituciones trabajen de forma activa para mantener el mayor número posible de empleos en la comarca de Aiaraldea, una zona ya duramente castigada por el declive industrial y altas tasas de paro. El texto aprobado subraya la necesidad de involucrar a todos los agentes -empresa, sindicatos, acreedores e instituciones- para evitar la destrucción de tejido económico en un sector que se enfrenta además a amenazas externas, como la inestabilidad en el mercado del acero impulsada por las políticas de Donald Trump.
La supervivencia de Aiaraldea en juego
El debate parlamentario ha dejado claro que el conflicto de Tubos Reunidos no es un hecho aislado, sino un síntoma de la delicada situación de la industria siderúrgica vasca. Grupos como EH Bildu han calificado la defensa del empleo en esta empresa como una "prioridad política", advirtiendo de que el cierre de la acería de Amurrio sería parte del problema y no de la solución.
Con las espadas en alto, la última reunión prevista para el próximo lunes entre el comité y la dirección se presenta como el último cartucho para evitar una salida traumática. Si no hay un giro inesperado que incluya la retirada del ERE o un plan industrial veraz, las plantas de Amurrio y Trapagaran se preparan para un escenario de confrontación prolongada en defensa de su futuro y el de toda una comarca.