El máximo responsable del Grupo Acciona, José Manuel Entrecanales Domecq, no ha acudido este martes a comisión de investigación del Parlamento de Navarra que rastrea presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública desde 2011. El directivo estaba citado a las 10:00 horas de este martes para dar explicaciones sobre la reforma de los túneles de Belate. Ante su silla vacía, la presidenta de la comisión, Irati Jiménez, ha constatado formalmente su incomparecencia apenas dos minutos después de la hora prevista, suspendiendo la sesión para deliberar de urgencia con los grupos parlamentarios.
Acciona envía a dos directivos para sustituirle
La ausencia de Entrecanales no ha sido fortuita. El pasado viernes, la multinacional ya había comunicado por escrito al Parlamento que su presidente no asistiría. En su lugar, la empresa envió a Joaquín Mollinedo, director general de Relaciones Institucionales, y a José Julio Figueroa Gómez, otro alto cargo de la firma. Ambos directivos se personaron en el Legislativo a las 9:30 horas para dejar constancia de su presencia en el registro y presentar un escrito alegando que Acciona, como entidad, cumplía con el requerimiento.
Sin embargo, el Parlamento ha rechazado tajantemente esta maniobra. Según ha recordado Irati Jiménez, la citación era para José Manuel Entrecanales como persona física y no para la empresa como persona jurídica. Al no haber sido citados formalmente por la Cámara, los sustitutos enviados por la constructora no han sido autorizados para comparecer. La compañía basa su postura en la Ley de Sociedades Mercantiles, argumentando que corresponde al Consejo de Administración determinar quién debe actuar como su representante.
La excusa de Davos
Fuentes de Acciona han precisado que el directivo se encuentra actualmente en Suiza, asistiendo al Foro Económico Mundial de Davos, lo que le impedía estar físicamente en Pamplona. No obstante, la comisión parlamentaria ha determinado que este motivo no constituye una "justificación debida" para eludir el llamamiento.
Nueva citación
Tras una reunión interna de los grupos, la comisión ha decidido elevar la presión y ha habilitado una fecha extraordinaria para el próximo lunes 9 de febrero a las 11:00 horas. Esta nueva convocatoria llega con un mensaje claro: si Entrecanales vuelve a ausentarse, el Parlamento foral iniciará las medidas legales oportunas contra él. La presidenta Jiménez ha lamentado la "falta de interés o de querer esclarecer los hechos" por parte de ciertos comparecientes, subrayando que es vital llegar al fondo de lo ocurrido con las obras públicas en la Comunidad foral.
Apercibimiento penal: cárcel o multas
El marco legal que regula estas sesiones otorga al Parlamento facultades cuasi judiciales. El Código Penal, en su artículo 502.1, establece que la incomparecencia injustificada ante una comisión de investigación autonómica puede ser constitutiva de un delito de desobediencia. Las penas para este tipo de conductas oscilan entre la prisión de tres meses a un año o multas económicas de seis a dieciocho meses.
Además, los comparecientes tienen la obligación legal de decir la verdad. El artículo 502.3 del Código Penal castiga con penas de seis meses a un año de cárcel a quien falte a la verdad en su testimonio ante la Cámara. Aunque se garantizan derechos como el honor, la intimidad y el secreto profesional, la asistencia es de obligado cumplimiento para cualquier ciudadano.
Otras ausencias
El caso de Entrecanales no es el único que preocupa a los parlamentarios navarros. Durante las últimas semanas se han producido otras incomparecencias, como las de funcionarios de las Confederaciones Hidrográficas del Ebro y del Cantábrico, quienes han esgrimido una doctrina de conflicto competencial entre el Estado y las autonomías para no acudir. Los servicios jurídicos del Parlamento están elaborando un informe para rebatir estos argumentos y asegurar que la labor de control de la Cámara no se vea obstaculizada.
El foco de la investigación sigue puesto en la UTE liderada por Acciona para la reforma de los túneles de Belate, un proyecto donde la empresa de Entrecanales "lleva la voz cantante". El Parlamento insiste en que el máximo responsable debe explicar el proceso de adjudicación, y la cita del 9 de febrero se perfila como el último aviso antes de que el caso acabe en manos de la Fiscalía.