Las nuevas tasas que pretende imponer Pedro Sánchez a la banca y las energéticas han recabado este martes los apoyos para superar un primer trámite en el Congreso de los Diputados, la toma en consideración, porque ningún grupo salvo la derecha española quiere oponerse a una medida que la ciudadanía ve con buenos ojos. Eso sí, aún quedan trámites, y en la tribuna de los oradores se han escuchado muchas pegas al rigor jurídico del PSOE y Unidas Podemos a la hora de presentar esta proposición de ley. Demasiados cabos sueltos, cuando además se atisba una avalancha de recursos ante los tribunales. En el caso vasco, el PNV ha anunciado su voto a favor tras haberlo dejado en el aire. Pero solo por ahora, porque este es un simple primer trámite y quiere dar margen a la negociación con el Gobierno español, que está mostrando su voluntad de buscar una solución en clave competencial.
El PNV condiciona el voto final a la concertación foral, es decir, un acuerdo con las haciendas de la comunidad autónoma vasca y la navarra para que puedan recaudar las tasas y tener ese dinero. Ve voluntad pero aclara que, si no hay concertación, la iniciativa no contará con su voto favorable en el debate final. Idoia Sagastizabal avisó de que se opondrán con “todos los medios” a su alcance. El presidente Sánchez anunció la semana pasada que respetaría las competencias, y este martes dos portavoces del PSOE confirmaron que están abiertos a las aportaciones: Patxi López lo hizo de manera expresa en referencia a las competencias, y Patricia Blanquer en general sobre otras sugerencias.
Esta condición del PNV la secundó EH Bildu, quien anunció también el voto a favor pero dejó abierta su posición en el trámite final a la espera de cómo se resuelva ese punto. Sánchez vuelve a salvar una votación con sus aliados habituales y otros grupos, aunque con críticas. ERC respaldó igualmente el trámite, e incluso Junts, habitualmente muy beligerante, adelantó que no podría votar en contra. El PDeCAT optó como Junts por la abstención. Coalición Canaria, también en clave competencial, apoyó la toma en consideración pero anunció enmiendas sobre el régimen fiscal de las islas. Por su parte, el PP de Alberto Núñez Feijóo se alineó con Vox y C’s en contra de una medida que se percibe como la vía más importante de financiación para las medidas sociales de Sánchez ante la subida de los precios. La tramitación ha quedado garantizada con 187 votos a favor.
"Explorar una solución"
El PNV, como ya informó este periódico, apura la negociación. El departamento de Hacienda de Pedro Azpiazu confirma que el Ejecutivo español está “mostrando disposición a explorar la posible solución que podamos pactar entre todos”. El portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, anunció por la mañana que apoyarían la tramitación, pero únicamente porque aún hay margen para concertar. Al margen de este punto, los jeltzales, que han defendido su argumentación en el pleno de la tarde por boca de Idoia Sagastizabal, denunciaron las prisas, cuestionaron el rigor jurídico y que los proponentes estén tan seguros de que la banca y las energéticas no van a repercutirlo a los clientes con una subida de tarifas, y pidieron estar atentos a la regulación europea.
"Deprisa y corriendo"
El PNV defiende que “las cosas se podrían haber hecho mejor, desde luego, no deprisa y corriendo a través de una proposición de ley” de PSOE y Unidas Podemos, en lugar de un proyecto del Gobierno que hubiera tenido los informes del Consejo de Estado. Y exige la “concertación” con los territorios forales de la CAV y de Nafarroa. “Sin ello, no van a contar con el sentido aprobatorio por parte del PNV a las medidas. Una línea que no pueden rebasar el Gobierno y el Parlamento es que no se concierte”, avisaron.
El PNV pide que se respeten el Concierto Económico de la CAV y el Convenio navarro, y el Gobierno español tiene intención de hacerlo, pero ha generado un enredo técnico de gran magnitud al haber presentado estas medidas no como impuestos, sino como prestaciones patrimoniales públicas no tributarias para acelerar los trámites, lo que obliga ahora a buscar una salida menos convencional. Si no se concertara, el Estado se quedaría con los impuestos recaudados a empresas con sede vasca como Iberdrola, Petronor como filial de Repsol o BBVA.
El PNV ve otras objeciones como que se haya anunciado que estas tasas gravarán los beneficios extraordinarios y en realidad sea el volumen de negocio. Idoia Sagastizabal dijo que estas prestaciones “son bien recibidas por la sociedad”, y que servirán para financiar políticas públicas para hacer frente a la guerra en Ucrania. Pero exigió seguridad jurídica y concertación. Resumió que lo “fácil y populista” es anunciar el impuesto, pero lo difícil es articularlo bien.
EH Bildu pide respetar las competencias y una mayor carga impositiva
Desde EH Bildu, Mertxe Aizpurua secundó la defensa competencial del PNV, pero marcó perfil de izquierdas pidiendo unos impuestos más duros. En concreto, aseguró que las tasas van “en la buena dirección”, pero matizó que deberían tener mayor ambición, ser permanentes (no cubrir solo 2022 y 2023), y tener una mayor carga impositiva. Argumentó que la banca no ha devuelto el rescate, y ahora PSOE y Podemos “solo quieren un impuesto que recaude 1.500 millones”. “Es muy poco”, opinó. Aseguró que Josu Jon Imaz ganó cuatro millones de euros en 2021. En materia competencial, se opuso a que el Estado esquive a las haciendas forales. Abogó por resolver las cuestiones pendientes en el trámite de enmiendas, o no podrá “asegurar el voto a favor”.