La vivienda ha dejado de ser una preocupación de fondo para convertirse en el principal problema social para buena parte de la ciudadanía, también en Durango. Con ese diagnóstico sobre la mesa, el Ayuntamiento ha aprobado su primer Plan de Vivienda, una hoja de ruta para los próximos cinco años con la que busca ampliar la oferta residencial, movilizar vivienda vacía y facilitar el acceso de la juventud. El documento ha salido adelante con los votos favorables de EAJ-PNV y PSE-EE, los dos grupos del Gobierno municipal, y el apoyo del PP. EH Bildu se ha abstenido, mientras que Herriaren Eskubidea no ha participado en la votación.
Los datos que sostienen el plan explican por qué el debate ha escalado posiciones. Según el Sociómetro de la CAV de diciembre de 2025, el 58% de la población considera la vivienda el principal problema social. En Durango, la encuesta municipal de 2025 la sitúa también en cabeza, con un 15,3%. La alcaldesa, Mireia Elkoroiribe, defiende que el Consistorio da así “un paso firme” para que las y los jóvenes “puedan desarrollar su proyecto de vida aquí” y para ofrecer oportunidades a quienes quieren vivir y trabajar en el municipio. A su juicio, no se trata de una medida aislada, sino de “una estrategia integral” que combina nuevas viviendas, vivienda vacía, incentivos y mejor gestión pública.
El plan se apoya en cuatro ejes. El primero pasa por reforzar la gestión municipal de la vivienda mediante el impulso de la sociedad pública Durango Eraikitzen, la creación de una oficina de atención y la revisión de las ayudas al alquiler para jóvenes, con la intención de ampliar su alcance y hacerlas compatibles con las del Gobierno Vasco. El segundo se centra en activar vivienda vacía con ayudas de hasta 5.000 euros para rehabilitar pisos e incorporarlos durante cinco años a Bizigune, además de campañas de sensibilización y bonificaciones de hasta el 90% del IBI.
A ello se suma el impulso a nuevas promociones protegidas, el estudio de fórmulas como alojamientos dotacionales o vivienda intergeneracional y la posibilidad de transformar oficinas y lonjas en viviendas protegidas para aumentar la oferta residencial. La teniente de alcaldesa, Jesica Ruiz, subraya que “este plan nace con voluntad de consenso” y recoge aportaciones de distintos grupos.
Nuevas promociones
Entre las actuaciones previstas también figura el inicio del proceso para regular las viviendas turísticas en el marco de la revisión del PGOU, con la intención de anticiparse a posibles tensiones en el mercado residencial. Esta iniciativa se suma a proyectos ya impulsados en el municipio, como las 22 viviendas tasadas de Birjinoste y las 16 viviendas sociales de San Fausto.
De cara a los próximos años, el Ayuntamiento prevé impulsar al menos 530 viviendas de protección oficial y tasadas. La previsión municipal es iniciar obras a partir de 2026 para levantar 330 viviendas de alquiler social en PERI (84), Faustegoiena (23), Birjinoste (39), Larrasoloeta (38), Iparzabalarra (30), Arripausueta (50), Kabilduoste (18) y Mikeldi (48), a las que se sumarían 190 viviendas tasadas en San Fausto (88), Kabilduoste (18) y PERI (84).