El silencio de las máquinas ha tomado el relevo al ruido de la negociación en la factoría de Tubos Reunidos en Amurrio. Tal y como estaba previsto, la plantilla de la planta alavesa ha iniciado este lunes una huelga indefinida para mostrar su rechazo frontal al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la compañía. La movilización, que busca paralizar una medida que los sindicatos consideran injustificada, marca un punto de no retorno en un conflicto que ha dejado al descubierto una profunda brecha no solo entre empresa y trabajadores, sino en el propio seno de la representación social.
De momento, el 100% de la plantilla del turno de noche ha secundado la huelga indefinida que comenzó a las 22.00 horas de este domingo y, con el inicio del paro, los trabajadores se han concentrado en las inmediaciones de la planta de Amurrio y han encendido bengalas desde el puente situado en la zona de acceso a la factoría.
Los piquetes han continuado este lunes con movilizaciones desde las cinco de la mañana y a las 7.30 horas han cortado el tráfico en la A625 en Amurrio, por donde han realizado una marcha y la circulación ha quedado restablecida a las 7.52 horas. En el transcurso de la protesta, en la que, según ha informado el Departamento de Seguridad, ha sido identificada alguna persona, se han coreado gritos en contra de los despidos y a favor de la defensa de la comarca de Aiaraldea.n total contra los despidos
En contra del cierre de la acería
La convocatoria de huelga, liderada por la mayoría del comité de empresa en Amurrio -compuesta por ELA, LAB y ESK-, cuenta con el respaldo de 14 de los 21 delegados de la planta. El objetivo de los trabajadores es claro: exigir la retirada inmediata del ERE, impedir el cierre de la acería de Amurrio y frenar la externalización del personal de logística.
La factoría alavesa es, con diferencia, la más castigada por el ajuste planteado por el grupo siderúrgico. De los 301 despidos totales contemplados en el expediente, 274 corresponden a Amurrio, mientras que los 27 restantes afectan a la planta de Trapagaran. Esta desproporción en el impacto del ajuste ha sido el caldo de cultivo para una tensión que estalló definitivamente el pasado viernes tras concluir sin acuerdo el periodo de consultas.
El fracaso de la última oferta y la fractura sindical
Tras cuatro horas de intenso debate, el pasado viernes la comisión negociadora rechazó la última propuesta de la dirección en una reunión que supuso el fin de periodo de consultas . La empresa había puesto sobre la mesa una modificación que incluía la aplicación del ERE de forma voluntaria, prejubilaciones, bajas incentivadas y la creación de una comisión de seguimiento. Sin embargo, la mayoría sindical -con 8 votos de 13- declinó la oferta al considerar que no existían garantías suficientes de que las salidas no acabaran siendo forzosas y porque el plan mantenía el cierre de la acería, una medida calificada como "desproporcionada".
Este rechazo ha evidenciado una notable fractura entre las dos plantas del grupo. Mientras que en Trapagaran la plantilla se había mostrado mayoritariamente favorable a aceptar las medidas para salvar el futuro de la factoría, en Amurrio ni siquiera se llegó a votar esa posibilidad en referéndum. La división es tal que incluso dentro de las propias siglas sindicales se han vivido momentos de crisis: la dirección de ELA llegó a desautorizar a sus delegados en la planta vizcaína, afirmando que "ya no representan" al sindicato tras mostrarse estos favorables al acuerdo.
Tensión en la calle y futuro en los juzgados
La falta de consenso no solo se ha quedado en las actas de las reuniones. El pasado viernes, la tensión se trasladó a las puertas del Euskalduna, donde unos 200 trabajadores se concentraron bajo una fuerte presencia policial. l aplantilla llegó a insultar a los representantes sindicales que eran partidarios de firmar el acuerdo, lo que ha sido denunciado por centrales como CCOO y UGT, quienes lamentaron el ambiente de "amenazas y descalificaciones" que impidió, a su juicio, dar la última palabra a los trabajadores mediante un referéndum.
Con las negociaciones rotas, el conflicto se traslada ahora al ámbito legal. Tubos Reunidos dispone de un plazo de 15 días para comunicar formalmente el ERE a la autoridad competente. Por su parte, los sindicatos ya han anunciado que impugnarán el expediente ante la justicia, confiando en que los tribunales tumben una medida que, según sostienen, carece de justificación económica real.
Un escenario financiero crítico
La dirección de la compañía ha advertido de que la ausencia de un acuerdo "complica mucho" el plan de viabilidad de la empresa. Con una deuda de 260 millones de euros, Tubos Reunidos asegura que la reestructuración del pasivo con la SEPI y las entidades financieras queda ahora en una situación muy delicada. Desde el Gobierno Vasco, el consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha reconocido que mantienen contactos con la SEPI, aunque ha sembrado dudas sobre la entrada de nuevos inversores en un contexto geopolítico tan inestable.
Mientras tanto, en Amurrio, la huelga indefinida prosigue su curso, dejando en el aire no solo el futuro de 274 familias, sino la estabilidad de uno de los pulmones industriales de Álava.