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Alquiler, especulación y parque público: la batalla política por la vivienda que se decide el 29-N

Así abordan los partidos que concurren a las generales el arranque de una campaña marcada por el desahucio de Maricarmen, el bloqueo parlamentario, la movilización social y la primera huelga general en 14 años
Manifestación en Iruñea convocada por los sindicatos en defensa de la vivienda / Javier Bergasa

De cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, la crisis de la vivienda se ha situado en el epicentro del debate político y social tras el adelanto electoral propiciado por el bloqueo y el rechazo parlamentario a los dos decretos en esta materia el 2 de octubre.

Aunque el pasado jueves la Diputación Permanente del Congreso convalidó el decreto ley que permite la prórroga de dos años en los contratos de alquiler con vencimiento anterior al fin de 2029, topes a la actualización anual de las rentas y una mayor protección para las familias vulnerables frente a los desahucios, quedó rechazado la otra norma con la que se pretendía introducir la renovación automática de los contratos de arrendamiento.

De derecho a principal preocupación

En un contexto marcado por las protestas ciudadanas tras el desahucio de Maricarmen, la acampada en Sol y la huelga general del 11-N, las formaciones políticas han arrancado la campaña con modelos opuestos en asuntos como la emancipación juvenil, la brecha entre salarios y precios de compra, la escalada del coste del alquiler, la especulación, o la falta de un parque público protegido.

Esta problemática se extiende por todo el territorio estatal y, aunque tanto en Euskadi como en Nafarroa los gobiernos de Pradales y Chivite han impulsado medidas para paliar la situación - en algunos casos pioneras en el Estado como el seguro público Alokaplus -, los datos invitan a la reflexión y a no dejarse llevar por la polarización del tablero político actual.

Según el barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 82,3% de la ciudadanía española coincide en que hay que priorizar “el derecho a la vivienda como un derecho constitucional”.

Además, la percepción de la vivienda como principal problema a nivel estatal - al igual que en Euskadi, según el último Sociómetro Vasco - logra su cifra récord, con un respaldo del 55,7%, 20 puntos más que el mes anterior.

CAV y Nafarroa: subidas más moderadas

A esto se suman los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al segundo trimestre de 2026, los cuales señalan un incremento anual del precio de la vivienda en el Estado superior al 12%, con un alza del 7,4% respecto a la de nueva construcción, y un 12,9% para los inmuebles de segunda mano.

De esta media, la CAV y Nafarroa, con variaciones del 10% y el 9,5%, respectivamente, son las comunidades que presentan las subidas de precios más moderadas.

Respecto al mercado del alquiler, el persistente desequilibrio entre la oferta y la demanda continúa impulsando la tendencia alcista de los precios en el tercer trimestre del año, según datos del Observatorio del Alquiler, que señala, a su vez, la escasez de inmuebles como el principal reto para el acceso a la vivienda.

Precio medio del alquiler por comunidades Observatorio del Alquiler

Subida generalizada del alquiler

En este periodo, el precio medio del alquiler en el Estado se ha situado en 1.214 euros, lo que representa un incremento anual del 2,27% respecto a los 1.187 euros de 2025, con medias de 1.331 euros en Euskadi y de 1.027 euros en el caso navarro. Aunque se confirma una ligera desaceleración en el ritmo de crecimiento en comparación con años anteriores, la subida sigue siendo generalizada.

De este modo, ascienden a doce el número de provincias que rebasan el umbral de los 1.000 euros mensuales, con precios especialmente elevados en Gipuzkoa (1.481 euros) - que mantiene un ligero descenso con un 0,27% con respecto al trimestre anterior -, Bizkaia (1.308 euros) y Araba (1.034 euros).

Ante este panorama, los principales desafíos entre quienes buscan una vivienda vienen condicionados por el elevado coste del alquiler, la capacidad adquisitiva y de ahorro en el supuesto de compra y los tiempos de adjudicación para acceder al mercado protegido.

Piquetes a la entrada de Volkswagen Navarra Javier Bergasa

Propuestas políticas

La huelga general del 11-N, centrada en la falta de vivienda asequible, el encarecimiento de los alquileres y la pérdida de poder adquisitivo, estuvo marcada por un profundo trasfondo político al producirse en la antesala del arranque de la campaña electoral hacia el 29-N.

Aunque no cesó la actividad ni en Euskadi ni en Nafarroa, el parón contó con una amplia movilización ciudadana, política y sindical en todo el Estado, situando la crisis de la vivienda en el foco de la agenda informativa.

En clave autonómica

A este respecto, las opciones de las formaciones con representación parlamentaria en esta materia se articulan principalmente en torno al aumento de la oferta asequible, la simplificación en la (primera) compra - sobre todo en el caso de los jóvenes -, la regulación del precio de los arrendamientos, la ampliación del parque público y la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional.

En cuanto a los sondeos de intención más recientes, la encuesta preelectoral publicada por el CIS el 12 de noviembre otorga la victoria al PSOE con un respaldo del 33,3% y una horquilla de entre 134 y 143 diputados. En concreto, concede al PP una estimación de voto del 25,5% y entre 98 y 106 escaños, mientras que Vox subiría al 18,4% y Frente Amplio al 4,7%.

En el marco de la defensa de los intereses de Euskadi en Madrid, el eje principal del PNV se centra en la protección al pequeño propietario. El partido jeltzale - que apoyó el primer decreto sobre vivienda pero rechazó la renovación automática de los contratos - pone el foco en el freno a los abusos, el aumento de la oferta, la regulación del alquiler y el impulso a la emancipación juvenil.

En concreto, propone regular los alquileres de temporada y turísticos para que no resten viviendas al alquiler residencial, así como reducir las prácticas especulativas que encarecen la vivienda y dificultan el acceso al alquiler y la compra.

Recuperación de la prórroga

Por su parte, EH Bildu aboga por la regulación de los alquileres y la prohibición de la especulación. Con motivo del evento Nueva Economía Forum-Forum Europa, Oskar Matute anunciaba esta semana que el partido impulsará en el Congreso la recuperación de la prórroga automática de los contratos de arrendamiento y el fin de la compra especulativa de vivienda.

Además, la coalición abertzale reclama la prohibición de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, la regulación de los alquileres de temporada, límites a las rentas y la expropiación de pisos vacíos en manos de fondos o bancos en determinados supuestos.

En clave navarra, UPN - que el pasado 2 de octubre votó en contra de los dos decretos de vivienda del Gobierno español y que concurre a los comicios en coalición con el PP - plantea una política habitacional centrada en aumentar la oferta de inmuebles, agilizar los trámites administrativos, aplicar incentivos fiscales y reforzar la seguridad jurídica de los propietarios.

Foco de la campaña socialista

A nivel estatal, la vivienda constituye el foco central de la campaña socialista desde que el Congreso tumbó los dos decretos. Así, la propuesta del PSOE se centra en la intervención del mercado inmobiliario y la ampliación del acceso a la vivienda.

Para ello, su programa electoral incluye un nuevo impuesto contra la especulación de los fondos buitre y grandes propietarios que mantengan viviendas vacías, las destinen al alquiler turístico o establezcan precios de arrendamiento inasequibles. También contempla la asignación del 1% del PIB a vivienda asequible.

Asimismo, los socialistas reivindican Casa 47, la entidad pública de vivienda creada en diciembre de 2025 a partir de la antigua SEPES, y el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que pretende movilizar 7.000 millones de euros para blindar como protegida la vivienda pagada con dinero público. Además, propone impulsar la línea 'TU CASA', con préstamos sin intereses para la compra del primer inmueble.

"El mayor problema de España"

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que, si llega a la Moncloa, la política de vivienda dependerá directamente de una vicepresidencia, al considerarla "el mayor problema de España". En este sentido, el programa electoral del PP incluye la construcción de un millón de pisos en cuatro años, la derogación de la Ley de Vivienda, la aprobación de una ley contra la ocupación, reducciones del IVA del 10% al 4% en la primera compra, así como la creación de la 'Hucha Hogar Joven'.

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Finalmente, bajo el lema 'Un voto como un casa', el Frente Amplio con Ada Colau como cabeza de lista se presenta a las elecciones del 29-N. La coalición defiende, en el corto plazo, una regulación del mercado que baje los precios de los alquileres y ayude a los pequeños propietarios, así como la prohibición de la especulación.

Además, propone la renovación automática de los contratos, medidas de expropiación contra los grandes fondos, un impuesto sobre los inmuebles que no se destinen al alquiler asequible y, en el largo plazo, la construcción de más parque público.

16/11/2026